Como administrador de bienes entregados o incautados por la Fiscalía a postulados en el marco del proceso de Justicia y Paz, el Fondo para la Reparación a las Víctimas desarrolla inspecciones masivas de predios a lo largo del país, con miras a formalizar las ocupaciones irregulares de los mismos.
Según la información que reposa en las bases de datos de la entidad, se encontró que más de 900 predios presentan ocupaciones irregulares, es decir, que carecen de un contrato de arrendamiento oficial con el Fondo y por ello no están siendo monetizados. Esto impide la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias.
Gracias a esta información, funcionarios del Fondo visitaron bienes ubicados en el municipio de Puerto Boyacá, en una estrategia que busca generar recursos para la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz, que evidencia un rezago importante.
En este caso, se evidencia que cerca de 60 predios requieren de la formalización de los contratos de arrendamientos. Ante este panorama, el Fondo para la Reparación de las Víctimas llegó al territorio para que, a través del diálogo, los ocupantes definan su situación jurídica con respecto a los terrenos.
Estas nuevas inspecciones que lidera el Fondo y que cuentan con apoyo de otras instituciones, hacen parte de la política de la nueva administración, por hacer una correcta y transparente gestión para cumplirles a las víctimas, que continúan exigiendo celeridad para recibir sus indemnizaciones judiciales.
Desde la entidad, se informó que “en la Unidad para las Víctimas, cambiamos para servir, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado, acceder efectivamente a sus derechos”.