En el marco del Especial Seguimiento que realiza la Contraloría General de la República a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en todo el país, el ente de control identificó que durante el segundo semestre del calendario académico, alrededor de 122.653 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de las zonas más vulnerables de La Guajira están en riesgo de no recibir los beneficios del programa alimenticio.
El ente de control fiscal informó que en la Entidad Territorial Certificada, ETC, La Guajira se identificó que, por incumplimiento a los principios de planeación, faltarían por contratar 87 días de los 180 días del calendario escolar y se encuentra en riesgo la prestación del servicio para más de 81.479 estudiantes.
Lo anterior debido a que la ETC no ha asignado más de $14.000 millones que se necesitan. Adicionalmente, a la fecha más de 2.300 millones de saldos de la vigencia anterior no se han ejecutado.
Es de resaltar que debido a que, de no lograrse las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del programa para esta vigencia, de la población indígena se verían afectados 30.035 niños, niñas y adolescentes, es decir el 58% del total de los beneficiarios de esta ETC.
Adicionalmente, de los 17 operadores escogidos al finalizar este primer semestre, 3 se encuentran en proceso de legalización de contratos [pólizas] y 2 en trámites administrativos y subsanación de documentación para la suscripción y perfeccionamiento de los contratos, por lo cual 4.349 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no han recibido alimentos en lo que va corrido del 2023.
La CGR manifestó que la ETC de Riohacha dio inició a la operación del PAE el día 7 de febrero de 2023, contando con un plazo de ejecución de ochenta y 86 días escolares, garantizando la operación para 41.174 beneficiarios, solo hasta el primer semestre de calendario.
En el seguimiento realizado por la CGR se ha logrado identificar que dicha ETC requiere cerca de $9.627.982.000 que no se han asignado y aún con estos recursos, únicamente se llegarían a atender 176 días en mayoritaria y 152 en indígena, afectando a 18.261 estudiantes de estas comunidades que dejarían de recibir la alimentación escolar.
Cabe señalar que las ETC tienen la obligación de agotar los procesos de contratación que requieran para la implementación del PAE y prevenir que no se den suspensiones en las entregas durante todo el calendario escolar, prevaleciendo la ejecución del programa en población con enfoque diferencial según lo determinado en la sentencia T-475 de 2016 la Corte Constitucional.
En el marco del Control Fiscal Participativo, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana continuará el proceso de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), con visitas permanentes a las ETC de La Guajira y a instituciones educativas/sedes en las cuales se ejecuta el programa, recolectando información a través de la aplicación de un cuestionario in situ y fortaleciendo el control social en este territorio.
De igual manera, se realizará el seguimiento a los recursos públicos con los que cuenta el programa para garantizar el cumplimiento a los criterios de planeación, priorización y focalización para que se dé la correcta prestación del servicio y estos sean ejecutados de tal manera que los complementos alimenticios lleguen bajo los lineamientos establecidos a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan.
Es por ello, que la Contraloría General de la República hizo un llamado al cumplimiento de las leyes 2167 del 2021, 2595 del 2022 y la resolución 335 del 2021, que busca el fortalecimiento del PAE y a que las ETC de La Guajira atiendan y dispongan equipos y recursos necesarios para ejecutar el PAE dentro de los parámetros establecidos, especialmente garantizando los derechos de las comunidades étnicas.
Finalmente, expresó el ente de control, la alimentación escolar buscar contribuir a la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo oficial, por lo que su correcta ejecución se convierte en una prioridad para la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta, la adición presupuestal de $250.000 millones que fue presentada por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad de Alimentos para Aprender y aprobada por el Congreso de la República, para apoyar financieramente a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que la operación del PAE