En una Auditoría Financiera a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), la Contraloría General de la República determinó un primer gran daño al patrimonio del Estado en cuantía superior a los quinientos cuarenta y tres mil millones de pesos por la pérdida de recursos públicos propios de la Entidad.
Dicha pérdida, señaló el órgano de control fiscal, está representada en 14 lotes de terreno, ubicados en la ciudad de Bogotá (en la Carrera 7ª con Calle 100, costado occidental), por cuanto CREMIL transfirió el derecho real de dominio sobre estos inmuebles sin garantía alguna.
La entidad, igualmente, considera que, dadas las actuales condiciones jurídicas y económicas del proyecto inmobiliario, el daño patrimonial configurado tuvo origen en el modelo de negocios escogido por CREMIL para materializar la inversión, el cual consistió en una adhesión, en calidad de Fideicomitente adherente, por parte de la Entidad al patrimonio autónomo
Según los auditores de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, resulta evidente que en el negocio no se estipuló, por parte de CREMIL, una garantía real y cierta que asegurara el cumplimiento de la obligación de la entrega de los 16.819 metros cuadrados para oficinas comerciales de la Torre 2 y sus 289 estacionamientos o parqueaderos para rentar.
Considera la CGR que el daño se materializó desde el 6 de agosto de 2019, fecha en la que se terminó el plazo para el cumplimiento de dicha obligación inmobiliaria, la cual acarreó la pérdida de recursos propios de CREMIL que aportan el 8% del total de las asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares.
La falta de garantías en la transferencia de los inmuebles impide la recuperación de los recursos públicos en cabeza de CREMIL, debido a no exigirse la constitución de algún tipo de garantía real o personal que protegiera el patrimonio público entregado, de conformidad con el artículo 65 del Código Civil, pese a que la FIDUCIARIA exprese por documento que los inmuebles transferidos por CREMIL están protegidos en un compartimiento fiduciario separado.
Esta figura que no pudo cumplirse, por cuanto las matrículas inmobiliarias de los 14 lotes desaparecieron y dieron lugar a otras, que son en las que se construye la también inconclusa Torre 1, sobre la cual CREMIL no posee ningún derecho de propiedad.
“Tal situación es tan irregular que ni siquiera se cuenta con el certificado de garantía, que se había estipulado en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública, según la cual una vez se contara con la licencia urbanística y de construcción, la vocera del Fideicomiso expediría un certificado de garantía, ya que de acuerdo con la respuesta emitida por Itaú Fiduciaria, el pasado 15 de marzo de 2023, frente a la solicitud realizada por el equipo auditor de la CGR, manifiesta que solamente ha expedido este certificado al Banco Santander”, señala la Auditoría.
En tal sentido, la CGR señala que puede asegurarse sin duda alguna, que la gestión fiscal fue ineficaz, por cuanto el modelo de negocios planteaba un riesgo muy alto que no responde a la misionalidad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), la cual tiene por función la administración y garantía de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares, y no inversiones inmobiliarias.
Se trató de una inversión que finalmente no generó beneficio económico o patrimonial; y sí, por el contrario, causó un daño patrimonial que configuró el hallazgo fiscal ya mencionado en la cuantía millonaria señalada, además, de presuntos alcances de tipo penal, disciplinario y de otra incidencia (traslado a Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia Financiera y Secretaría Distrital de Hacienda).
La CGR determinó un segundo gran daño patrimonial por una suma superior a los treinta y cuatro mil millones de pesos, correspondiente al valor de multas conminatorias adeudadas por el promotor inmobiliario ALDEA PROYECTOS a CREMIL, desde el 21 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Por consiguiente, la CREMIL al no haber recibido la totalidad de los recursos adeudados por este concepto, éstos debieron cobrarse conforme se pactó́́ en la cláusulas octava y novena de la Escritura Publica No 798 de 2015, toda vez que las multas generadas desde el 6 de agosto de 2019 son obligaciones autónomas e independientes del compromiso de entrega de la Torre 2 y sus 289 estacionamientos.
Esta situación se originó en la transferencia de dominio que CREMIL realizó al Fideicomiso de Administración Inmobiliaria América Centro de Negocios, que conllevó a que no se percibieron recursos propios destinados al pago de las asignaciones de retiro, lo cual constituyó en un hallazgo con alcance fiscal y presunta incidencia disciplinaria violatoria del artículo 54 de Ley 1952 de 2019.
Así las cosas, el cumplimiento de la obligación principal de entregar 16.819 metros cuadrados de oficinas comerciales para rentar y 289 parqueaderos a favor de CREMIL es exigible desde el 6 de agosto de 2019, fecha en que se terminaron los 48 meses pactados en la cláusula octava de la escritura pública para construir la Torre 2; plazo que no fue prorrogado.
En consecuencia, este hecho obliga a cobrar las multas, las cuales son conminatorias e independientes del cumplimiento de la obligación principal pactada, la cual ya es exigible, y se pueden obtener adicionalmente a la entrega de la Torre 2, como también lo expresó ASOLONJAS en el informe entregado a CREMIL respecto del análisis de este proyecto.
En conclusión, dice la Contraloría General, el daño total, cierto, real y cuantificado asciende a la suma de $577.813.223.831 (quinientos setenta y siete mil ochocientos trece millones doscientos veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos) representado en el menoscabo que sufrió el patrimonio de CREMIL, como consecuencia de la entrega de los 14 lotes, cuya titularidad jurídica y física era de dicha entidad, con una mera expectativa de recibir como contraprestación la entrega de la Torre 2, pactada para el 6 de agosto de 2019, situación que no se cumplió, por lo que el daño ya se materializó.
“Es un daño que ya ocurrió y no estamos frente a un daño futuro, como lo pretende hacer entender el sujeto de control”, anotó enfáticamente el Contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra.