Durante su visita a Boyacá, donde adelantó un diálogo social con la comunidad de Socha, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció que 16 complejos de páramo en el país, entre ellos en el páramo de Pisba, ya cuentan para su protección con una inversión de 13 millones de dólares, el equivalente a cerca de 60.000 millones de pesos, a través del proyecto ‘Páramos para la vida’.
Sobre el particular, se indicó que con esta iniciativa se avanza en el ordenamiento alrededor del agua con justicia ambiental, mediante la adopción de sistemas sostenibles, la correcta gestión de los conflictos socioambientales, el fortalecimiento de la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos, entre otros.
“Tenemos un proyecto nacional para la conservación de páramos que estamos arrancando con el Fondo Mundial del Clima, en donde parte de ese trabajo se va a hacer precisamente en el páramo de Pisba y también en el Cocuy, en Boyacá. Construir con las comunidades y los diferentes actores la solución, nos permitirá que esos recursos se aterricen de forma inteligente para resolver de fondo la problemática”, aseguró Muhamad.
Igualmente, la Ministra también invitó a la comunidad a avanzar en el proceso de delimitación del páramo de Pisba, que inició su fase de concertación el pasado primero de junio, a través de un trabajo técnico y social municipio a municipio para entender la realidad de la actividad minera y buscar soluciones de fondo.
“Estamos comprometidos en trabajar un pacto de fondo con ustedes, busquemos una metodología para que podamos dialogar con el agua en el centro de todo”, puntualizó.
Así mismo, la Ministra dijo que se dispondrá de toda la capacidad técnica para mirar los conflictos socioambientales de la región y dar una respuesta integral. Por lo tanto, aceptó la propuesta de crear una Mesa permanente de seguimiento.
En ese sentido, Muhamad solicitó a las autoridades ambientales desarrollar un estudio de impacto ambiental en la provincia de Valderrama.
Además de Pisba, con este proyecto se conservan los páramos de Chilí-Barrangán; Chiles-Cumbal; Chingaza; Cruz Verde-Sumapaz; Guanacas-Puracé-Coconucos; Guerrero; Jurisdicciones-Santurbán- Berlín; La Cocha Patascoy; Las Hermosas; Los Nevados; Nevado del Huila-Moras; Rabanal y río Bogotá; Sierra Nevada del Cocuy; Sotará; y Tota-Bijagual-Mamapacha.
El proyecto está estructurado con cuatro componentes:
El primero, enmarcado en la gobernanza para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; el cual fortalecerá las capacidades de las principales instituciones nacionales, regionales y territoriales, y de las comunidades locales, incluyendo indígenas y campesinos, a través de acciones como el monitoreo participativo de la biodiversidad.
El segundo, abordará la conservación de la biodiversidad y la mejora de la conectividad de ecosistemas y sus servicios. Con esto, se espera realizar el diseño e implementación de instrumentos para asegurar la protección de 1.051.871 hectáreas de páramo, mejorando el manejo de 13.700 hectáreas con planes de acción de conservación y estrategias financieras para su sostenibilidad; fortaleciendo así, los esquemas de gestión para la conservación, la conectividad y la recuperación de los servicios que ofrece la naturaleza.
El tercer, aborda la transición a actividades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, especialmente en 4.800 hectáreas de paisajes de páramo. Adicionalmente, busca involucrar directamente en la creación de alternativas de reconversión productiva a más de 5.800 personas (50% mujeres y 50% hombres), con el fin de adoptar prácticas amigables con la biodiversidad e iniciar trabajos conjuntos para implementar actividades de bajo impacto como el ecoturismo, el agroturismo y la agrobiodiversidad con el uso de especies nativas.
El cuarto, tiene prevista la gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación. Allí, se sistematizarán las lecciones aprendidas y se establecerá una red institucional para la replicación y ampliación de experiencias exitosas en otros complejos de páramo del país.
Actualmente, esta iniciativa es ejecutada por el Instituto Alexander von Humboldt e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del financiamiento dado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).