Durante la Cumbre Nacional Minera, que se desarrolla en Bogotá, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, cuestionó el Código de Minas y afirmó que debe construirse un pacto social con las regiones para definir dónde se pueden explotar los minerales.
En la apertura de encuentro, en el que participan más de 1.500 actores del sector, que busca avanzar en la construcción de los lineamientos para la nueva Política Minera del país, la ministra Muhamad aseguró que “el Código de Minas condenó la minería tradicional a la ilegalidad y al condenarla a la ilegalidad se la entregó a capitales ilícitos, a grupos armados, a zonas de violencia y destrucción con una gran vulneración de esas comunidades en los territorios”.
La Ministra fue enfática en señalar que los efectos causados por la minería ilegal tienen a muchas regiones de Colombia en crisis. En especial, se refirió a la situación que vive la región de La Mojana en donde sus habitantes tienen que ir cotidianamente a hacerse una diálisis para poder sobrevivir por los efectos del mercurio.
“Tenemos que hablar de la injusticia de un Código Minero que decidió entregar al capital internacional, por encima de los territorios, del ambiente, de la salud y de las comunidades, los recursos para la extracción de minerales, principalmente para su exportación, dejando atrás no solamente territorios devastados sino una falta de reconocimiento a aquellos mineros ancestrales y tradicionales que por décadas trabajaron en un contexto social integral”, afirmó.
Así mismo, Muhamad se refirió a la necesidad de definir claramente dónde se puede hacer minería y dónde no, bajo un pacto social con las regiones sobre las condiciones de esa explotación, en un contexto más amplio, y entender que se quiere hacer en la transición energética justa.
“Es momento de revertir esta situación, y es momento también de que la justicia se haga frente a esos títulos entregados legalmente en zonas donde no se debieron entregar, pasando por encima del agua de las comunidades y pasando por encima de la capacidad de resiliencia, despojando y desplazando a las mismas poblaciones. Y en este gran desorden es hora de iniciar un ordenamiento”, aseguró.
La jefe de la cartera ambiental también mencionó que gracias al Consejo de Estado, de algunos congresistas y de una sociedad civil valiente, se tiene hoy una sentencia que obliga a ordenar territorialmente el ambiente y la minería.
“Estamos en el país de la biodiversidad, como dice el presidente Gustavo Petro, de la belleza y del agua. Hay zonas que necesitamos reservar para cumplir con esas funciones que son de orden público. Reitero que no puede hacerse minería en páramo, porque ahí está el agua que es para todos y todas”, señaló la funcionaria.
“La lucha ambiental polarizó esta discusión. Hoy tenemos que entrar en este proceso de ordenamiento como se propone aquí desde el Gobierno Nacional, en un proceso de diálogo, de distinguir las situaciones y las realidades territorio por territorio”, agregó.
Además, Muhamad insistió en que la minería debe ponerse en un contexto estratégico del desarrollo social, económico y ambiental del país y, para ello, van a construirse consensos, pero no bajo la licencia ambiental, pues esta no puede reemplazar una planificación y un acuerdo social de fondo territorial y regional.
Por último, la Ministra hizo un llamado para formar un bloque conjunto porque las fuerzas que no están en la legalidad, están en las rentas ilícitas de algunos de estos minerales, encontrando un camino de violencia.
“En la mitad de toda esta discusión en realidad está la discusión de la paz. Bienvenido el diálogo entre los que han sido afectados y los que están haciendo la minería. Bienvenido el diálogo sobre cómo tecnificamos esta minería tradicional para que tenga el menor impacto ambiental posible, cómo diversificamos las economías regionales y cómo recuperamos esos territorios degradados, subrayó la Ministra.