El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, aseguró que en Colombia son las víctimas quienes han luchado por alcanzar un país en el que no nos gobierne el miedo, donde podamos ofrecer un mejor futuro para la niñez y la juventud, en el que el disfrute de los derechos no sea un privilegio de algunos, y que podamos vivir en verdadera paz.
“Las víctimas no han desistido en su empeño de empujar a Colombia por el camino hacia la Paz Total con Justicia Social. Han luchado por alcanzar un país en el que no nos gobierne el miedo, y donde podamos ofrecer un mejor futuro para la niñez y la juventud”, aseguró Osuna Patiño.
El Ministro participó en la instalación del ‘Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas’, organizado por la Procuraduría General de la Nación, espacio en el que resaltó el papel de las víctimas en la construcción de la paz total.
“Sin justicia social no hay paz total. Desde el Ministerio avanzamos en una justicia cada vez más robusta, más presente en la ciudadanía y que llegue a los territorios”. Indicó en su intervención el Ministro.
Sobre el déficit presupuestal para reparar integral y efectivamente a las víctimas, indicó que el Estado colombiano hará el mayor esfuerzo presupuestal posible para que esos rubros cobijen a un amplio número de víctimas pendientes de indemnización individual.
El ministro también se refirió a la importancia de una adecuación normativa a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que se ajuste a las necesidades y oportunidades del Sistema Integral de Paz, y al universo de víctimas existente actualmente; así como a la búsqueda de soluciones jurídicas a los ‘cuellos de botella’ que tiene la Jurisdicción de Justicia y Paz.
“Desde este ministerio hemos intentado garantizar con recursos económicos la participación de las víctimas en los incidentes de reparación de justicia y paz, hemos hecho presencia en las audiencias para orientar a las víctimas en sus derechos, pero también sabemos que eso no es suficiente. Si seguimos al ritmo que hemos ido en los últimos años nos tomará décadas poder terminar esos procesos de Justicia y Paz”, agregó.
En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 precisó que en “El Plan de la Gente” se incluye una propuesta impulsada desde el ministerio, por petición de las víctimas, que está relacionada con una de las deudas históricas del Estado colombiano: la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto.
“El Plan de Desarrollo propone la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón al conflicto armado. Estará liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Ministerio de Justicia. Contará con la participación de organizaciones de la sociedad, en especial, de mujeres y de personas buscadoras, y se articulará con el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas”.
Osuna Patiño añadió que el ministerio, como parte de ese sistema, impulsará un plan para la identificación de cuerpos recuperados, cuya identidad no ha podido ser establecida, para la entrega digna a sus familiares.
El ministro de Justicia y del Derecho recordó que se avanza en la construcción de la Política de Drogas en la que las poblaciones más afectadas por la violencia del narcotráfico participan directamente en su formulación.
“Por primera vez se construye escuchando las voces de los ciudadanos y teniendo en cuenta el enfoque de género, porque han sido las mujeres las principales víctimas del narcotráfico”, manifestó.
Y agregó que “el mundo del narcotráfico ha estado siempre muy masculinizado. Pero las grandes víctimas, probablemente, han sido en su mayoría mujeres. Son las mujeres las que han vivido el desarraigo, el desplazamiento, la destrucción de sus familias, la pauperización económica. Frente a los grandes capitales, los grandes empobrecidos del narcotráfico son en su mayoría mujeres. Así que qué bueno escuchar su palabra cuando se trata de rediseñar una política de drogas”.
El ministro también se refirió al proyecto de reforma constitucional que plantea la creación de una Jurisdicción Agraria y Rural, iniciativa que permitirá que los conflictos sobre la tierra sean decididos de manera imparcial y pacífica y no “a bala” como ha sucedido históricamente”.
“La intención de la Jurisdicción Agraria es ofrecerle a los campesinos y a las campesinas una posibilidad rápida, eficaz y barata de acceso a la justicia en sus territorios para resolver problemas de linderos, adjudicación de baldíos, posesión y arriendo. En fin, todos los pleitos propios de la vida rural”, puntualizó.