Bajo la premisa de proteger la vida de todos los colombianos, el Ministerio de Defensa puso en marcha la nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022 -2026, `Garantías para la vida y la paz´, que se construyó junto con la Fuerza Pública y con las voces de diferentes sectores sociales.
Durante el lanzamiento de la nueva Política se destacó su proceso de construcción que tomó alrededor de ocho meses, donde se realizaron 21 reuniones regionales y 43 nacionales, en las que participaron diversos sectores de la sociedad, como comunidades, centros de pensamiento, academia, gremios, entre muchos otros; logrando así tener una política plural y multisectorial.
La nueva política busca proteger la vida de todas y todos los habitantes del país, mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales y la recuperación del control del territorio para liberar a las sociedades de las violencias.
Para el ministro de Defensa Iván Velásquez, esta es una guía para la acción y construcción de una realidad diferente “donde las poblaciones y nosotros mismos podamos vivir en mejores condiciones. Estamos comprometidos con que podamos hacer realidad que Colombia sea una potencia mundial de la vida”.
El ministro explicó que este proceso de escuchar a las comunidades sirvió para mejorar la política, pero de manera simultánea para que las Fuerzas Militares construyeran el Plan Ayacucho y a la Policía Nacional para su Plan San Mateo, con las cuales se viene trabajando en contra de la criminalidad y están completamente articulados con la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana.
Uno de los cuatro objetivos es proveer condiciones de seguridad y protección para la vida de los ciudadanos, y para ello, se utilizarán siete estrategias como: aportar a la paz total, desarticular las organizaciones armadas, hacer priorización territorial, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, articulación entre nación y territorio y fortalecer la seguridad de poblaciones vulnerables.
En este objetivo el ministro llamó la atención sobre el giro dado a la política antidrogas de Colombia, invitando a reflexionar ¿por qué, si en los últimos 20 años se han erradicado dos millones de hectáreas de cultivos ilícitos con glifosato y un millón de hectáreas de forma manual, no se ha logrado una contención efectiva al narcotráfico?
Por eso, explicó, la Fuerza Pública aumentó su meta de incautación droga, para este año 2023 se fijó en 832 toneladas. Para lograrlo las Fuerzas se concentrarán en la incautación de insumos, en lo que ya se ha logrado triplicar los resultados comparado a años anteriores. También se enfocarán en la destrucción de laboratorios de drogas.
El ministro también reconoció que para ello se deben fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, por lo que dijo está identificado con estas necesidades, por lo que explicó que se le ha dicho a la cooperación internacional que necesitamos mayores capacidades materiales, porque las capacidades humanas y la experiencia se tiene de sobra.
El tercer componente de la política antidrogas es afectar las finanzas criminales, por lo que se planea seguir mejorando la inteligencia que permita atacar las capacidades financieras y perseguir los bienes producto de este ilícito. Por lo que el ministro enfatizó en que “Vamos a afectar de manera contundente las economías de las organizaciones criminales”.
También se refirió al cese al fuego, reiterando que el cese no significa la suspensión de las actividades de la Fuerza Pública, y puso el ejemplo, que si algún grupo armado ilegal intenta defender un laboratorio de droga que va a ser destruido por el Ejército, este tiene toda la legitimidad para enfrentar con las armas a esa organización.
Para este segundo objetivo de combatir la deforestación y contribuir con la preservación de la biodiversidad la nueva política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana plantea tres estrategias: proteger y preservar la biodiversidad, contribuir a la gestión del cambio climático y a la protección del medio ambiente y luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.
En este sentido el ministro Velásquez recordó lo sucedido en el Bajo Cauca Antioqueño donde según él, se le declaró la guerra a la gran minería ilegal. “Se dio la orden de copar el territorio y de inmediato 12.057 hombres y mujeres de la fuerza pública presentes en el territorio garantizando seguridad para la población, pero sin retroceder”.
El jefe de la cartera de defensa también aclaró que en este tema de la minería ilegal que beneficia las finanzas de los grupos armados ilegales, “no tenemos nada que negociar, la destrucción de las grandes dragas se mantiene”.
El tercer objetivo de la nueva política tiene que ver con la integridad territorial y soberanía, por lo que se plantean las siguientes estrategias: lograr una defensa integral del territorio, impulsar una agenda internacional del Sector de Seguridad y Defensa, formular una ley de defensa y seguridad fronteriza, formular una ley de seguridad nacional y actualizar la ley de defensa nacional, y finalmente proteger la infraestructura estratégica-crítica.
El cuarto objetivo busca el bienestar de todos los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública, a través de estrategias como: fortalecer la legitimidad de las Fuerzas (integridad, transparencia, derechos humanos y género), otra estrategia es avanzar en el proceso de transformación de la Policía Nacional, apoyar los procesos de transformación de los territorios y gestión del riesgo de desastres.