La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en estrategia conjunta con Cormagdalena evitó el pago de 20 millones de dólares pretendidos en la demanda arbitral interpuesta por la Sociedad Portuaria de Barranquilla y Barranquilla International Terminal Company BITCO SA.
Esta controversia tuvo origen en la ejecución de dos contratos de concesión portuaria, en la que las demandantes alegaban que Cormagdalena había incumplido la obligación de hacerle mantenimiento al canal navegable del Río Magdalena y garantizar un mínimo de profundidad. Frente a esto, el Tribunal concluyó que, de acuerdo con los contratos celebrados, no existe la obligación a cargo de CORMAGDALENA de garantizar algún nivel de profundidad mínimo.
Así mismo, las demandantes también alegaban que habían pagado un mayor valor de contraprestación por el uso de la infraestructura, por lo que pretendían que CORMAGDALENA devolviera ese valor. Frente a esto el Tribunal decidió que la reclamación de los dos concesionarios se basa en una interpretación completamente contraria al contrato, y que va en clara oposición a las razones por las cuales, justamente ya el Consejo de Estado, había negado esta misma pretensión en otro proceso judicial en el que ya se había planteado lo mismo.
“El Tribunal de Arbitramiento decidió que no existe obligación contractual alguna a cargo de Cormagdalena, conclusión a la que se llegó una vez analizados los argumentos y pruebas en el marco de la estrategia de defensa. La Agencia agradece a esta entidad la adecuada articulación que mantuvieron a lo largo del proceso para mantener indemne al Estado en esta controversia”, expresó Martha Lucía Zamora, directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Este laudo constituye un referente importante respecto al alcance de la ejecución de las obligaciones en materia de contratos de concesión portuaria.