La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada inició el año reforzando su campaña por la legalidad y la transparencia, profiriendo resoluciones mediante las cuales se ordenó la cancelación de licencias de funcionamiento a dos empresas del sector, ante presuntas irregularidades que podrían afectar la adecuada prestación del servicio y la seguridad ciudadana.
Al respecto, se destaca que estos procesos garantizan plenamente los derechos de defensa y se encuentran en etapa de resolución de los recursos conforme a la Ley. Las empresas en cuestión son ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA y MAXIMUS SEGURIDAD PRIVADA LTDA, las dos domiciliadas en la ciudad de Barranquilla.
Así mismo, durante el mes de enero de 2026, la entidad registró avances significativos en procesos sancionatorios de carácter financiero por el no reporte oportuno de estados financieros por parte de personas naturales y jurídicas del sector de seguridad. Como resultado de estas actuaciones, se dio apertura a 642 expedientes sancionatorios.
De acuerdo con el órgano de control y vigilancia, actualmente, más del 61% de los expedientes se encuentran en fase decisoria, lo que evidencia una gestión administrativa constante, técnica y rigurosa por parte de la Superintendencia.
“El fortalecimiento del control y la vigilancia es una prioridad institucional. Nuestro objetivo es proteger el interés público, promover la legalidad y asegurar que los servicios de vigilancia y seguridad privada se presten con altos estándares de responsabilidad y cumplimiento”, señaló Álvarez Morales.
Finalmente, la Superintendencia reitera el llamado a las empresas vigiladas a fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones legales y regulatorias, destacando que la disciplina normativa es un pilar fundamental para la confianza, la estabilidad del sector y la seguridad de la ciudadanía.
Entidades públicas deben cumplir las tarifas mínimas legales del sector
De otro lado, y con el fin de anticipar, prevenir y mitigar riesgos en el servicio de la vigilancia y seguridad privada, así como de promover el cumplimiento normativo y la adopción de buenas prácticas en la prestación de estos servicios, la Supervigilancia emitió una comunicación preventiva a la Contraloría General del Magdalena, en la que recuerda la obligación de diferenciar de manera clara los servicios de conserjería de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
El comunicado enviado por la Superintendencia, resalta que luego de revisar los estudios previos, la justificación técnica, el objeto contractual y las obligaciones establecidas en un proceso de selección adelantado por el Ente de Control, se observa que, algunas de las actividades requeridas corresponden materialmente a labores propias del servicio de vigilancia y seguridad privada, el cual se encuentra sometido a un régimen legal especial y requiere la contratación de empresas debidamente autorizadas por la Ley.
La entidad enfatiza que los servicios de conserjería no pueden incluir control de accesos para fines de seguridad ni custodia de bienes y personas, actividades que son propias de las empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Supervigilancia.
Así mismo, la Superintendencia recordó la importancia de garantizar el cumplimiento de las tarifas mínimas legales establecidas para el sector de la vigilancia y seguridad privada. Estas tarifas buscan asegurar condiciones dignas para el personal operativo, incluyendo el reconocimiento de un salario justo y vital, prestaciones sociales y estándares adecuados de calidad en la prestación del servicio. La contratación por debajo de estos parámetros puede generar riesgos legales, administrativos y operativos para las entidades contratantes.
La Superintendencia reitera que su actuación no se limita al ejercicio del control y la potestad sancionatoria, sino que también está orientada al fortalecimiento institucional del sector mediante acciones pedagógicas, acompañamiento técnico y la implementación de mecanismos preventivos que promuevan la legalidad, la transparencia y la correcta estructuración de los procesos contractuales.
Finalmente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reafirma su compromiso con la protección de la legalidad, el fortalecimiento del sector y la garantía de que los servicios de vigilancia se presten bajo estándares técnicos, jurídicos y laborales que salvaguarden tanto a las entidades contratantes como a los trabajadores del sector.