La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa técnica interinstitucional con las autoridades del Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la Superintendencia Nacional de Salud, representantes de la industria farmacéutica y voceros de los usuarios, para abordar de manera articulada la difícil situación que enfrentan los pacientes con diabetes en el país debido a la escasez de insulinas.
En esta oportunidad, de esta manera, se identificaron las principales causas que explican las barreras de acceso a insulinas, con especial preocupación en las análogas las cuales concentran las mayores dificultades para los usuarios, tanto en términos de obtención y de continuidad del tratamiento.
Igualmente, según el órgano de control disciplinario se detectó durante el encuentro un problema de cartera vencida y flujo de recursos, lo que incide directamente en su disponibilidad y suministro.
De acuerdo con el Ministerio Público, en cuanto a la problemática de insulinas humanas, se identificó su limitada comercialización y baja disponibilidad en el mercado nacional, afectando la oferta para cubrir la demanda del canal institucional.
En respuesta a este diagnóstico, se definieron tres líneas de acción:
– Viabilizar el ingreso al país de insulinas humanas a través de un nuevo proveedor, en respuesta a la baja disponibilidad de estos medicamentos en el mercado nacional. Esta medida requiere la gestión y aprobación del trámite de importación por parte del INVIMA.
Adicionalmente, monitorear el comportamiento de los registros sanitarios vigentes de insulinas, con el propósito de anticipar posibles riesgos de desabastecimiento y activar medidas oportunas.
– Identificar y caracterizar la cartera vencida existente entre las EPS, los gestores farmacéuticos y los laboratorios titulares y la activación de mecanismos para propiciar la suscripción de acuerdos de pago que permitan priorizar el suministro oportuno de estos medicamentos.
– Realizar una mesa de trabajo con asociaciones de usuarios, orientados a resolver las problemáticas identificadas, con especial atención a los casos de pacientes insulinodependientes.
“Reafirmamos nuestro rol de vigilancia superior a la gestión pública y nuestro compromiso con la defensa del derecho fundamental a la salud. Haremos seguimiento riguroso al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los actores involucrados”, enfatizó la Procuraduría General de la Nación.