La Procuraduría General de la Nación emitió la Circular No. 011 dirigida a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, recordándoles su deber legal de asegurar la prestación continua, con calidad y cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo.
De acuerdo con el órgano de control disciplinario, en cabeza del procurador General, Gregorio Eljach, esta acción preventiva busca evitar riesgos que puedan afectar a las comunidades y comprometer la gobernanza territorial.
En esta oportunidad, el Ministerio Público, a través de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, enfatizó que, conforme a la Ley 142 de 1994, los prestadores están obligados a “suministrar agua potable con Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) entre 0 y 5% y mantener índices de continuidad del servicio de acueducto satisfactorio o suficiente entre 18 y 24 horas”.
Igualmente, en el documento, el órgano de control disciplinario recordó la obligación de que los prestadores desarrollen “la operación del servicio de aseo de manera que se minimicen sus impactos, especialmente la dispersión de residuos en la vía pública, garantizando su prestación conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y evitando riesgos para la salud pública”.
Por ello, la Procuraduría advierte que su acción preventiva busca evitar la comisión de irregularidades que puedan generar consecuencias legales y administrativas, comprometer la gobernanza territorial y afectar el bienestar de los ciudadanos, y promueve el cumplimiento normativo y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
Finalmente, el ente de control reconoció los esfuerzos institucionales que se han venido realizando, pero reiteró la necesidad de fortalecer las acciones para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales para los ciudadanos.