En el marco de la XXIV Asamblea General Extraordinaria realizada en la ciudad de Cartagena, los alcaldes de las ciudades capitales manifestaron su respaldo a la expedición de una Ley de Competencias, por considerarla un instrumento fundamental para fortalecer la descentralización, la autonomía territorial y mejorar la prestación de servicios a todos los ciudadanos a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, los mandatarios advirtieron que la asignación de nuevas competencias puede comprometer seriamente la capacidad de los diferentes territorios para cumplir con eficacia las funciones delegadas. En ese sentido, dicha Ley debería considerar, teniendo en cuenta la heterogeneidad del país, como mínimo lo siguiente:
- El reconocimiento de la categoría de ciudades capitales definida en la Ley 2082 de 2021, pues allí se concentran el 50% del total de la población, el nivel de aporte al PIB es del 55%, y representan el 10% del total del territorio nacional.
- Que se destaque su rol de liderazgo en esquemas asociativos que tienen la capacidad para asumir competencias particulares.
- Que se garantice que la asignación de una competencia debe estar acompañada de los recursos suficientes para ejercerla.
- Que la asignación de competencias elimine la duplicidad de estas en el Estado, y estén realmente delimitadas entre los niveles de gobierno.
- Que, en la medida de lo posible, se eliminen las destinaciones especiales de recursos, particularmente en la asignación del propósito general.
Igualmente, el presidente de Asocapitales y alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que los haga oportunamente partícipes de la construcción del articulado. Sostiene que “apoyamos la iniciativa de la Ley de Competencias, pero el Gobierno nacional nos debe dar los recursos necesarios para nosotros poder tener posibilidades de acción desde los territorios, no podemos tener competencias sin financiación”.
Durante la Asamblea, los alcaldes también dialogaron sobre temas clave para el desarrollo de los territorios, y expresaron su profunda preocupación frente a la inminente crisis que podría tener lugar a partir del 1º de julio próximo, relacionada con la alimentación de las Personas Privadas de la Libertad- PPL en estaciones de policía, las URI y sitios similares de reclusión una responsabilidad que varias ciudades estarían ante la imposibilidad de asumirla.
En este sentido acordaron ejecutar varias acciones e hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie y solicite al Gobierno nacional continuar prestando el servicio de alimentación ante esta realidad, con el fin de garantizar los derechos de la población privada de la libertad, preservar la seguridad ciudadana y salvaguardar el orden público de nuestros territorios.
“Asocapitales reitera su disposición de continuar promoviendo el trabajo conjunto entre los 32 mandatarios de las ciudades capitales, con el fin de construir soluciones compartidas a los desafíos que enfrenan nuestros territorios”, enfatizó Eder.