El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, puso de presente que las víctimas del conflicto armado están en el centro de sus políticas, y que los hitos para su reparación integral van en aumento.
En tal sentido, vale resaltar que la URT ha jugado un papel fundamental, como recién ocurrió con 400 personas pertenecientes al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero, quienes se dieron cita en la cancha de futbol del corregimiento de El Paraíso, en San Jacinto, Bolívar, con el fin de recibir los títulos de propiedad de sus territorios ancestrales.
En esta oportunidad, Diana Rodríguez, jueza primera del Distrito Especial de Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, y Giovani Yule, director general de la URT, entregaron a la comunidad los documentos que respaldan el restablecimiento de sus derechos sobre un territorio ancestral de 256 hectáreas más 7.580 metros cuadrados.
Igualmente, en dichos documentos constan las medidas de reparación integral que recibirán estas familias, que durante años padecieron los flagelos de la violencia, el confinamiento y el desplazamiento forzado.
“Hoy, la restitución ha llegado para esta comunidad, lo que abre una nueva vida para sus integrantes. Esto es fruto de un trabajo que hemos hecho todos los que estamos en la Unidad de Restitución de Tierras, de la mano fraternal con la Rama Judicial, con nuestra doctora la jueza Diana Rodríguez, que ha venido a hacer la entrega material de este territorio tan hermoso”, remarcó el mayor Yule.
Además, agregó que “saludamos a todos nuestros hermanos afro de Santo Madero. Hemos venido haciendo varias entregas aquí, tratando de mirar como sanamos esas heridas que ha dejado el conflicto en la región y a nivel nacional”.
A la entrega asistieron representantes de la Alcaldía de San Jacinto, la Unidad para las Víctimas, la Procuraduría, la Registraduría de Instrumentos Públicos, la Agencia de Desarrollo Rural, la Policía y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Por su parte, Lucelis Margarita Zúñiga, representante legal del consejo comunitario, agradeció a la URT por la gestión que ha llevado a este hito. Manifestó que “es un día histórico para la comunidad. Estamos esperanzados en esas 36 órdenes que emitió la jueza, las cuales buscamos que se cumplan a cabalidad. Esperamos que a través de esta sentencia llegue la prosperidad a este territorio. Decirle a la Unidad de Restitución de Tierras: ¡gracias por haber atendido nuestro llamado!”.
Igualmente, la líder comunitaria agregó que “este Gobierno piensa en las comunidades. Siente en carne propia lo que es vivir la necesidad y fue asertivo en su gestión a favor de esta comunidad. No se van a arrepentir porque este es un fallo que mejorará la calidad de vida en nuestro territorio”.
Una lucha de décadas
Aquel no fue un día común para la población de San Jacinto y mucho menos para los integrantes del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero. Todos salieron de sus casas con un halo de alegría. En el corregimiento de El Paraíso había un ambiente festivo y de esperanza.
No han sido años fáciles. San Jacinto, población que hace parte de los 15 municipios de los Montes de María (8 en Sucre y 7 en Bolívar), ha padecido desde hace décadas los vejámenes del conflicto. Sus habitantes se desplazaron, las mujeres fueron instrumentalizadas como armas de guerra, la comunidad padeció asesinatos selectivos, masacres y desaparición forzada.
Además, los cultivos de ñame, yuca, plátano se reemplazaron por cultivos de uso ilícito y los caminos por donde transitaba la comunidad quedaron vacíos y fueron destinados para el tráfico de armas. No obstante, las comunidades y las víctimas persistieron en su lucha por lograr justicia y reparación integral por parte del Estado.
Es así como el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras, concertado con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero, permitió que el 18 de diciembre de 2024 se profiriera el fallo de restablecimiento de sus derechos étnico-territoriales.
La providencia reconoce su calidad de víctima, y ordena a otras entidades del Estado acciones concretas en favor de las familias desplazadas. Entre las entidades competentes para las órdenes de esta sentencia están:
– La Agencia Nacional de Tierras, a la que se insta a formalizar y señalizar los límites del territorio.
– La Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Bolívar y las alcaldías de San Jacinto y El Carmen de Bolívar, para que financien programas que salvaguarden los saberes ancestrales y la autonomía territorial.
– La Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior, para que impartan medidas de seguridad.
– La Unidad para las Víctimas, para que implemente el Plan Integral de Reparación Colectiva de forma concertada con la comunidad.
– La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, para que disponga acciones de protección ambiental.