Con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos junto a otras entidades del Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad para las Víctimas visitó los albergues transitorios en los que están las 38 familias firmantes del Acuerdo de Paz que se desplazaron del Catatumbo y del predio de Puerto Boyacá, donde iban a ser reubicados.
Funcionarios de la Unidad corroboraron que las 93 personas, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, tengan condiciones de alojamiento dignas y estén recibiendo adecuadamente los alimentos, kits de aseo y las jornadas de acompañamiento con orientadores del Equipo Psicosocial, acciones que desplegó la entidad para garantizar los derechos de esta población y atender sus necesidades más urgentes.
Además de estas acciones de atención inmediata, la Unidad se articulará con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuando esta entidad disponga de un predio definitivo, para activar la ruta de reubicación de las 38 familias, proceso que contará con el acompañamiento permanente de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en su rol de entidad territorial competente para la atención de la población desplazada, asumió la provisión de alojamientos temporales, el acceso a servicios de salud, educación, integración social y orientación jurídica para estas 93 personas.
“Se hizo la toma de la declaración de las personas para avanzar en el proceso de valoración de los hechos que se presentaron y se está garantizando el acceso y garantía de sus derechos. Este ha sido un despliegue que se ha desarrollado de manera articulada con las diferentes entidades que tenemos competencias en la respuesta a esta emergencia. Estamos trabajando articuladamente con el Distrito, la Defensoría del Pueblo y con las demás entidades del Gobierno en este proceso”, aseguró Lyda Camacho, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas.
Igualmente, Camacho agregó que los firmantes del Acuerdo de Paz, junto a sus familias, merecen todas las garantías para vivir con dignidad, seguridad y respeto a sus derechos fundamentales, por lo que señaló que proteger sus vidas es un compromiso irrenunciable del Estado colombiano, que se manifiesta en acciones concretas como las implementadas entre las entidades del orden nacional y local.
Entre tanto, Dairo Abril, vocero de los firmantes del Acuerdo de Paz, sostuvo que “nuestro deseo es que nos reubiquen en un lugar seguro en donde podamos rehacer nuestra vida nuevamente. Los integrantes de estas familias tenemos la esperanza de seguir construyendo paz y producir para el país, en el nuevo predio que esperamos que nos sea adjudicado”.
En la atención integral de estas familias también participan el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las secretarías de Gobierno e Integración Social, y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, así como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso con la atención integral de la población “afectada por la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, reafirmando su papel activo y oportuno desde el territorio para proteger los derechos de las personas afectadas por el conflicto”, enfatizó la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas.