El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, al recordar la deuda que el Estado tiene con las víctimas de la violencia, ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.
Igualmente, recalcó que la Entidad participa en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país e indicó que “el rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”.
En tal sentido, Bolívar destacó que la atención vigente cubre a más de 3 millones de víctimas de desplazamiento forzado, con programas de transferencias monetarias y de atención integral para el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria. En 2024, esa atención recibió una inversión de más de 1,4 billones de pesos.
“En Prosperidad Social ese compromiso se materializa en el respaldo vigente, a través de los programas para la superación de la pobreza, y en la revisión y evaluación para el mejoramiento de la atención, de acuerdo con los avances en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país, en la que la entidad participa”, dijo.
El mayor número de población víctima atendida por la entidad está vinculada a Renta Ciudadana: 1,8 millones de personas recibieron el año pasado acompañamiento de este programa, que está en el centro del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.
Los otros programas de transferencias también tuvieron población víctima priorizada: Colombia Mayor, 382.356 personas; Devolución del IVA, 786.782; y Renta Joven, 83.434. Para garantizar estas transferencias, Prosperidad Social invirtió buena parte de los 1,4 billones de pesos.
De acuerdo con Prosperidad, aunque esa es la mayor parte del volumen de la inversión, otros programas concentrados en la intervención integral han sido fundamentales para lo que la entidad aporta a la reparación y para el camino de transformación hacia las soluciones duraderas.
Familias en su Tierra es un programa de atención integral, que en 2024 destinó 3.759 millones para acompañar a 34.385 hogares víctima de desplazamiento en su camino hacia la integración social y comunitaria, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.
La entidad invirtió otros 35.424 millones de pesos en apoyo a hogares víctima que participaron en el programa Iraca, que ofrece también atención integral con enfoque diferencial, y tiene en cuenta las características de la población y del territorio para contribuir a la transformación de las condiciones de exclusión y vulnerabilidad de las comunidades étnicas.
En tal sentido, el Gobierno ha insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas del Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.
“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.
Al respecto, se destaca que el objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.
En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional en 2023, que fue de 33 %. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).