La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, asistió al debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República para exponer los múltiples incumplimientos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR), en desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010.
En su intervención, la mandataria aseguró con vehemencia que, “hoy después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”.
Insistió que mientras esté al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pagará un peso a los contratistas incumplidos. “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un sólo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo.
Cabe señalar que el Distrito Capital recurrió a un equipo de defensa experto y riguroso para enfrentar este proceso jurídico. “No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía. El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos”, explicó la Alcaldesa Mayor, tras conocer que en las últimas horas el Tribunal de Arbitramiento aplazó la decisión del fallo.
“Los señores de CGR deben saber que Bogotá tienen alcaldesa, que tiene concejales y que tiene congresistas, y que tiene un gobierno local y nacional que están dispuestos a defender los derechos de los ciudadanos y sus bolsillos. Porque el control político funciona”, enfatizó la alcaldesa López.
Sobre la decisión del Tribunal, la Alcaldesa dijo que el Distrito ya pidió dar por terminado el contrato ante el incumplimiento de CGR. “Eso esperamos que respalde el tribunal, que terminemos esa concesión e iniciemos el proceso para cumplir el acuerdo de emergencia climática. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado”, resaltó la mandataria, al recordar que la Procuraduría ya emitió un pronunciamiento imparcial, respaldando todas las solicitudes del Distrito.
Al tiempo, agregó que se le está pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la licencia ambiental para reorganizar el predio de doña Juana como parque de innovación tecnológica. “Nos estamos preparando institucionalmente para establecer acuerdos mixtos para no volver a quedar solamente en manos de privados. Por eso nos estamos reorganizando con la UAESP y Aguas de Bogotá para acometer esa prestación del servicio”, insistió.
A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo que este “es un negocio para el operador, que no beneficia a la ciudad, porque no ha respetado los derechos ambientales de los ciudadanos”, e indicó que se hará un “seguimiento sistemático” a los 24 procesos sancionatorios contra el consorcio.
En ese mismo sentido, confirmó que el Ministerio de Ambiente enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en doña Juana. “Las autoridades ambientales no nos vamos a quedar observando cómo se viola flagrantemente la norma ambiental y cómo se pone en riesgo el ambiente”, añadió.
Durante el debate, la Alcaldesa Mayor pidió que en el marco del Plan Nacional del Desarrollo (PND) se puedan regular los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos. En ese contexto, concluyó que hoy en día los bogotanos están pagando 24.000 pesos, diez veces más la tarifa pactada.
“No cumplieron el objeto del contrato, tampoco el fallo de 2018, y la administración distrital que tiene un fallo a su favor no lo conminó con todo a que cumpliera, y entonces nos vuelven a demandar por un fallo que ya perdieron, disfrazado con otra retórica, diciendo de nuevo que, si cumplieron y que el Distrito debe hacer un pago retroactivo, y ahora dicen que les debemos 1,2 billones de pesos”, rechazó tajantemente.