En Ginebra, Suiza, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Paula Villa Vélez, dio a conocer los avances del proceso de restablecimiento de derechos territoriales y evidenciar cómo se imparten medidas de protección en favor de las comunidades ancestrales.
En esta oportunidad, su ponencia se realizó en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en el panel denominado ‘Derechos a la tierra de los pueblos indígenas en el contexto de la adquisición a gran escala’.
En el espacio, Villa enfatizó que el derecho al territorio en Colombia tiene un carácter constitucional para los pueblos originarios. Esto permite garantizar que se reconozca la relación de poder que tienen sobre sus territorios.
Sin embargo, de acuerdo con la funcionaria, el conflicto armado interno que sufre el país, sumado a otros factores, alteran estos principios. Por tal razón, se avanza en el proceso de restitución de tierras para repararlos.
Según informó ante la comunidad internacional, la URT ha presentado ante la justicia 104 medidas cautelares, 73 a favor de comunidades indígenas y 28 a favor de comunidades negras.
A su vez, ha presentado 355 demandas a los jueces y magistrados especializados en Restitución de Tierras, de las cuales 243 corresponden a pueblos indígenas, con las que se espera restablecer sus derechos territoriales sobre 6.277.810 hectáreas.
Así mismo, 112 demandas buscan recuperar 3.149.769 hectáreas en favor de pueblos afrodescendientes. Son en total 9.518.580 hectáreas solicitadas.
No obstante, se siguen presentando prácticas que buscan coaccionar a estas comunidades a través de amenazas, cooptación de los liderazgos, y ofrecimiento de prebendas que tienen como fin motivar su renuncia a las medidas de reparación y restablecimiento de derechos.
“Estas acciones deben ser investigadas y castigadas. El proceso de restitución de tierras tiene la posibilidad de reconocer al territorio como víctima. Esto permite identificar las afectaciones socioambientales que deja el conflicto en los territorios”, enfatizó Villa Vélez ante este foro de Naciones Unidas.
A su vez, señaló que las empresas tienen la responsabilidad de realizar labores de verificación a la hora de adquirir tierras, para no incurrir en la vulneración de los derechos de las comunidades presentes en ellas. Para ello propuso:
– Adecuado análisis de títulos al realizar compras de tierras. Esto debe pasar por el respeto de la ancestralidad que hay en Colombia.
– Una apuesta por la interculturalidad, al reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas.
– Reconocimiento de los contextos de violencia que existen en los territorios. Debe haber un trabajo que entienda las particularidades del conflicto.