El mayor Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, se reunió con los representantes de 314 familias, pertenecientes al Consejo Comunitario Río San Francisco, con el objetivo de entregar y socializar la sentencia que restablece sus derechos sobre 26.807 hectáreas, ubicadas entre las veredas de Santa Ana, La Calle, Cascajero, Pascualero, El Roble, Madre Vieja y Obregones, en zona rural del municipio de Guapi, en Cauca.
“Esta sentencia es el resultado del compromiso del Gobierno con las comunidades más vulnerables del país. Es la materialización de los esfuerzos adelantados para constituir cinco juzgados de restitución de tierras con enfoque étnico y dar celeridad a un proceso que estaba estancando en administraciones anteriores. Nuestra misión está en los territorios y así lo estamos demostrando”.
Al respecto, se indicó que la ceremonia se inició en medio de cantos tradicionales y actos de armonización, como símbolo de reconciliación con la naturaleza y con el propósito de socializar las 40 órdenes impartidas en el fallo de restitución a 30 entidades del Estado. Uno de los puntos más importantes es reconocer la calidad de víctima y los daños sobre la comunidad y su territorio.
En tal sentido, se destaca que, entre las órdenes más relevantes está el desarrollo de un plan de trabajo para conocer las condiciones actuales de salud de la comunidad; generar acuerdos para la ocupación productiva, el uso y aprovechamiento del territorio bajo formas comunitarias ambientalmente sostenibles.
Igualmente, establecer los impactos por aspersiones de glifosato; impartir medidas de seguridad para proteger al Consejo Comunitario Río San Francisco y a sus líderes amenazados. También, se ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para iniciar una investigación que judicialice a los responsables de los hechos victimizantes, que a lo largo de los años han vulnerado los derechos de la comunidad.
Así mismo, se resalta que entre las entidades citadas en el fallo están los ministerios de Agricultura, Ambiente, Hacienda, Interior, Vivienda, Salud, Igualdad y Cultura. Además, está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Cauca, la Alcaldía de Guapi, la Corporación Autónoma del Cauca, entre otras.
“Con el desarrollo de la ceremonia, la URT cumplió con la orden que establece realizar la entrega simbólica del territorio, con el fin de notificar a las entidades las responsabilidades que les atañen en el proceso de restablecimiento de los derechos étnico-territoriales que imparte el Decreto Ley 4635 de 2011”, sostuvo Yule.
De igual manera, el fallo establece medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras para víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Por su parte, en el espacio, el representante legal del Consejo Comunitario Río San Francisco, José Anilo Caicedo Solís, aseguró que el trabajo adelantado se realizó de manera concertada con la URT y que reafirma los derechos que su comunidad tiene sobre el territorio. Así mismo, instó a las demás entidades a trabajar con la comunidad para lograr una materialización de las órdenes impartidas, con celeridad y efectividad.
“Es indispensable impulsar las medidas de reparación inmediata. Hemos esperado mucho el reconocimiento de nuestros derechos, para así contrarrestar el desplazamiento y el confinamiento al que hemos sido sometidos por las bondades geográficas y productivas de nuestro territorio”.