La Secretaría de Ambiente y el Grupo Control a la Biodiversidad y Protección Animal, GUBIM, de la Policía de Carabineros lograron recuperar un mono nocturno (Aotus sp.) que, tras deambular por vía pública en la localidad de Bosa, terminó ingresando a una vivienda. Esta acción fue posible gracias al reporte de un ciudadano, quien alertó sobre la presencia del animal en un sector residencial.
Al respecto, se informó que el mono nocturno, una especie de primate que pertenece a la fauna silvestre y cuyo hábitat natural no se encuentra en el entorno urbano, habría escapado de una vivienda donde, al parecer, era mantenido de manera ilegal como mascota.
En esta oportunidad, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, recordó a la ciudadanía que “el tráfico de fauna silvestre es un delito ambiental que pone en riesgo la supervivencia de las especies y ocasiona un desequilibrio en los ecosistemas. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier caso de tenencia o comercio ilegal de animales silvestres y contribuyan a la protección de la biodiversidad”.
De igual maneras, las autoridades señalaron que el mono nocturno fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde será valorado y atendido integralmente para determinar su estado de salud actual y las condiciones necesarias para su recuperación y posible reintegración a su hábitat natural.
“Cualquier actividad sospechosa o ilegal relacionada con el tráfico de fauna silvestre debe ser denunciada de inmediato a las autoridades competentes. Para ello, pueden comunicarse a las líneas telefónicas 601 377 88 54, 318 8277733 y 317 4276828 de la Secretaría de Ambiente o a la Línea 123”, sostuvo la secretaria de Ambiente.
Finalmente, se destaca que la extracción y el tráfico de fauna silvestre es un delito ambiental grave, sancionado por la legislación colombiana. La Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, regula las sanciones por infracciones a las normas ambientales en Colombia. En casos graves, las sanciones pueden llegar hasta 130.000 millones de pesos (equivalentes a 100.000 salarios mínimos legales vigentes).