Respecto al paro minero que se desarrolla en algunos puntos del país, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció que un equipo de la cartera ambiental ya se encuentra en diálogo con los manifestantes, subrayando el compromiso del Gobierno con el derecho a la protesta pacífica y la búsqueda de soluciones a través del diálogo.
“Hemos enviado a la viceministra Tatiana Roa, que está pendiente. También, tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios en Bucaramanga de los ministerios de Minas, de Agricultura y de Ambiente; y de la Agencia Nacional de Minería, para atender las reivindicaciones de los y las protestantes, así que esperaremos cómo se desarrolla el proceso”, mencionó.
Cabe destacar que, en representación de la cartera ambiental, la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Tatiana Roa, se encargará de reunirse con las comunidades de la región de Santander para avanzar en el diálogo y facilitar consensos.
“Este Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica y siempre estará dispuesto a dialogar con los actores involucrados. Estamos a la espera de poder instalar mesas de diálogo con los mineros tradicionales del Bajo Cauca, una región donde llevamos dos años discutiendo cómo avanzar en la formalización de los mineros, mientras enfrentamos el reto de desmantelar las economías ilícitas que están causando una grave afectación al río Cauca”, afirmó la ministra.
De igual manera, la jefa de la cartera de Ambiente también destacó los impactos ambientales del uso desmedido de dragas y la contaminación por mercurio que afecta al ecosistema fluvial.
“Debemos encontrar un equilibrio entre la formalización de la minería tradicional y la protección de nuestros recursos naturales. El uso del suelo y la propiedad tienen una función ecológica y social según nuestra Constitución, y los acuerdos deben garantizar tanto los derechos al trabajo como la preservación ambiental”, señaló.
Finalmente, se resaltó que la ministra Muhamad sigue de cerca el desarrollo del paro y reafirma la disposición del Gobierno a encontrar soluciones que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.