martes, noviembre 26, 2024
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Gobierno entregó indemnización judicial a cerca de 8.000 víctimas

En el puerto petrolero de Barrancabermeja se dio cumplimiento a siete sentencias proferidas por jueces de Justicia y Paz, en las que se ordenó indemnizar a víctimas de tres grupos paramilitares, en esa zona del país. En total fueron entregados 23 mil millones de pesos a acerca de ocho mil personas.

En el evento, celebrado en el Coliseo Luis Fernando Castellanos, el Presidente Gustavo Petro aseguró que “este es el acto más grande de entrega de dinero en diez años, desde la creación de la Ley 975 de Justicia y Paz y se produjo en el Gobierno del Cambio”.

El Mandatario expresó que “el Gobierno, la sociedad colombiana y las víctimas deben moverse a reclamar derechos, a reclamar la verdad”. Los recursos provienen de los bienes entregados por condenados de los grupos Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros.

Según el Presidente, las indemnizaciones hacen parte de un total de 5 billones de pesos que los jueces, en 48 sentencias, han ordenado al Estado entregar a las víctimas, pero de los cuales “apenas un poco más del 10% se ha hecho, desde la entrada en vigencia de la Ley”.

Indicó que, como Presidente de la República y dado que la Ley 975 de Justicia y Paz está vigente, “hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo: cerrar este ciclo y, de esa forma, saber la verdad y encontrar los recursos”.

Y agregó que “es hora de que nos reunamos y pensemos cómo es que de verdad se va a saldar la deuda con las víctimas en Colombia, por encima de cualquier otro concepto o criterio”.

El Presidente Petro, además, le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar actos de corrupción con los recursos para indemnizar a las víctimas, al igual que lo que ha sucedido con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y otras irregularidades en entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El Gobierno, por su responsabilidad política ante la sociedad colombiana, los beneficiarios jurídicos de esta ley y las víctimas, como movimiento social; deben reclamar derechos y reclamar la verdad”, concluyó el jefe de Estado.

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