La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la JEP.
En tal sentido, subrayó que “la JEP es un pilar de la institucionalidad de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP, en 2016. Y tiene la función fundamental de convertirse en garante del cumplimiento de lo pactado en lo que respecta a su componente judicial”.
Igualmente, agregó que “eso incluye garantizar que quienes se han sometido a esta Jurisdicción puedan terminar sus procesos judiciales y saldar sus deudas con la justicia y con las víctimas para así reintegrarse a la sociedad”.
De igual manera, destaca que cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial.
Al respecto, la JEP señaló que tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
“La JEP pone de presente que al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado”, expuso la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por ello, la JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz.
“La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de la imposición de sanciones, a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades. Esto puede llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias y no existan recursos para ejecutarlas”, sostuvo el alto tribunal.
Así mismo, alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones, o restrinja los recursos para su operación.
Esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que, a raíz del trabajo de la JEP, la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Estas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”, enfatiza.
Finalmente, la JEP hizo un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, como principio esencial del Estado constitucional de derecho, y a garantizar la autonomía que le asiste a esta Jurisdicción.