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Autoridades anuncian nuevas intervenciones en Farallones de Cali en la lucha contra la minería ilegal

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad; el alcalde de Cali, Alejandro Éder y la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, adelantaron un Consejo de Seguridad Ambiental e instalaron el Puesto de Mando Unificado.

Al concluir la reunión, llevada a cabo en la ciudad de Cali, anunciaron que entre las acciones que se adelantarán en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, se destaca el cierre del total de las minas que hoy afectan esta área protegida, con el fin de rescatarla de la minería ilegal.

“Inicia la segunda fase del proceso para el control de la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones. Hay que recordar que el año pasado logramos controlar el 60% del problema, logramos que bajaran 200 mineros y se cerraron esas minas, que no se han vuelto a abrir”, aseguró la ministra Muhamad.

Igualmente, la funcionaria sostuvo que “quedan seis minas abiertas que se mantienen como una amenaza para el parque; el objetivo de este PMU es hacer un trabajo unificado para el cierre de estas. La Fiscalía ya ha emitido 27 órdenes de captura y se ha avanzado en los acuerdos sociales en los asentamientos en la zona de amortiguación de Farallones”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, señaló que “venimos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Ambiente, también con la Fuerza Pública; con la Gobernación y Parques Nacionales y seguimos avanzando en esta meta de cerrar todas las minas que hay en el Parque los Farallones este año y lo vamos a lograr. También estamos trabajando con las comunidades en los bordes del Parque para que puedan pasar a ser defensores, protectores de los mismos y estamos trabajando para impulsar el turismo sostenible. Ya estamos haciendo todos los estudios”.

Cabe destacar que las nuevas intervenciones contra la minería ilegal en el Parque son parte de las acciones que articula el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef) en los territorios para hacerles frente a los crímenes ambientales. Estas nuevas medidas contarán con todas las garantías en materia de derechos humanos.

Igualmente, se indicó que la atención social estará respaldada por entidades como Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención de mujeres y menores de edad, la Personería, la Procuraduría Ambiental, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud y el Dagma. Este apoyo es una realidad gracias a los meses de planeación de las intervenciones.

“Estamos trabajando para presentar un proyecto por $14.000 millones para restaurar los suelos impactados y darles posibilidades a esos campesinos, a esas comunidades, de tener una sostenibilidad económica preservando el ambiente. También estamos trabajando Pago por Servicios Ambientales con el Dagma y, por supuesto, queremos hacer frente a la minería ilegal que se presenta en Buenaventura”, puntualizó la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Así mismo, se resalta que las investigaciones realizadas en el Parque revelaron que la minería ilegal en esta área generó una afectación en los cuerpos de agua por el vertimiento de mercurio que, se estima, llegó a ser de una tonelada al año.

Tras las intervenciones, se adelantará un trabajo articulado por la recuperación ambiental del Parque Nacional Natural Farallones de Cali con la puesta en marcha de acciones que permitan cambiar las dinámicas económicas de la zona, el fortalecimiento del programa de Guardaparques y la generación de rutas ecoturísticas por parte de la Alcaldía de Cali, entre otras.

Otros resultados por la recuperación de Farallones

Luego de los logros de la primera fase de la recuperación del Parque en 2023, las autoridades han adelantado acciones como:

  • La destrucción de maquinaria utilizada en la explotación ilícita de yacimientos mineros.
  • Visitas técnicas a las minas de Patequeso y el Paisa, así como sobrevuelos y monitoreo constante de las actividades mineras dentro del parque.
  • Intervención de nueve minas ilegales.
  • 52 complejos habitacionales improvisados (cambuches) y nueve plantas eléctricas intervenidas.
  • 16 motores, 22 molederos y cinco taladros destruidos.
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