La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que se hicieron en contra de hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que le dieron la espalda a la violencia y se acogieron al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, en el municipio de Mesetas (Meta).
Se trata de 200 familias, 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, entre los que hay personas con discapacidad y adultos mayores, que fueron amenazadas con ser asesinadas si no se van en un mes de la zona que se convirtió en su hogar. Para la Entidad, es urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “… abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que cariñosamente llamamos ‘Mariana Páez’” la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
La entidad también ofreció su respaldo para que se lleven a cabo las acciones dirigidas a mitigar el riesgo que enfrentan y se respeten sus derechos, e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que ordene el reforzamiento de las medidas de protección de esa población, procurando los recursos que sean necesarios para la implementación de medidas técnicamente recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de las y los excombatientes, con enfoque de género y diferencial.
Asimismo, en su intervención durante la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), realizada en Ginebra (Suiza), el Defensor del Pueblo calificó como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación.
Para la Defensoría del Pueblo, la orden de abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.
El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.
Para los menores de edad, implica la interrupción de sus ciclos escolares y para el colectivo, enfrentar de nuevo la incertidumbre del desarraigo, sumado a la estigmatización que se mantiene en grupos de la población que aún perciben con recelo los términos del Acuerdo de Paz.
La Entidad de nuevo conmina a los actores del conflicto a que sus acciones sean consecuentes con el propósito y los objetivos de la Paz Total y de lo pactado en el Acuerdo de Paz; que dejen de lado a la población civil y mucho más si se trata de Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que buscan nuevos inicios personales, familiares y económicos.