En desarrollo de la tercera jornada de ‘Gobierno Escucha’, que se realizó en el municipio de Quinchía, Risaralda, el Presidente Gustavo Petro invitó a las víctimas de Estado, en el marco de la protesta social del 2021 a establecer un diálogo con el Gobierno Nacional, con el fin de avanzar en los mecanismos de reparación.
“Hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el Gobierno para fijar las condiciones de esa reparación de víctimas que produjo el Estado; es necesario que podamos sanar esa herida”, dijo el Mandatario.
El Jefe de Estado hizo referencia al tema al entablar un diálogo público con Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, quien fue asesinado en mayo del 2021 en la ciudad de Pereira durante las jornadas del paro nacional.
De hecho, el Presidente Petro le concedió la palabra a la hermana de Villa, quien exigió justicia.
“Vengo como víctima a reclamar por justicia, porque ya son dos años del homicidio de mi hermano Lucas Villa; no hay justicia, y justamente yo quisiera recordarles que hoy 17 de marzo mi hermano Lucas Villa estaría cumpliendo 39 años. No solamente somos víctimas del paro, los líderes y lideresas sociales aún tenemos temor”, manifestó Sidssy Uribe.
Al respecto, el Presidente Petro recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fijó unas recomendaciones frente a lo ocurrido en la protesta social.
“De esas recomendaciones hubo una sobre la reforma a la Policía; hubo otras que tienen que ver con la indemnización, con la reparación, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social”, sostuvo el Mandatario.
Cabe recordar que el Gobierno Nacional y la CIDH acordaron en enero pasado la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones presentadas por este organismo en un informe sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia, entre los años 2020 y 2021.
En ese momento, la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, explicó que en el citado informe la Comisión “reconoce los hechos concretos del estallido, pero las causas estructurales y, sobretodo, este seguimiento de recomendaciones implica abordar la situación, garantizar el derecho a la protesta, el respeto a la interseccionalidad, el rechazo que se tiene que dar a la judicialización de la protesta”.