Durante la audiencia de imputación de cargos contra los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo Rosero, y tras el hallazgo inicial de una defraudación multimillonaria, la Fiscalía General de la Nación reveló el funcionamiento de la organización delincuencial que se tomó por varios meses la contratación estatal en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En esta oportunidad, el ente investigador aseguró que en este entramado de corrupción participaron activamente los tres investigados, quienes, actuado en complicidad con otros funcionarios, habrían “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD.
Cabe señalar que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en su extenso escrito, se refirió al uso de recursos de la Reforma Agraria, de la ANT; entrega de dineros a los hoy expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle; y nuevos congresistas involucrados, entre ellos, Julio ChaguÍ, Whaldid Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo.
Igualmente, a la presunta participación de ministros, entre los que nombró a Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Gloria Inés Ramírez, de Trabajo; y altos funcionarios de la Presidencia de la República, como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; así como del director del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique.
Al respecto, la Fiscalía destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de las respuestas ante emergencias a través de decretos de calamidad pública y declaratorias de desastre nacional, logrando consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros.
Asimismo, el ente investigador subrayó que los investigados habrían cometido estos delitos, a pesar de que “sabían que desplegar este tipo de comportamientos estaba prohibido por la ley, motivo por el cual les era exigible no concertarse con otras personas para cometer delitos en contra de la administración pública y la fe pública, ni mucho menos organizarse de forma estructurada y con reparto de roles y funciones para consolidarse como una organización criminal que tenía como propósito el direccionamiento ilícito de la contratación de la UNGRD, en aras de apropiarse de dinero del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general”.
En estos términos expuestos ante el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó, de acuerdo a su rol y grado de participación, cargos a López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.