Ante la probabilidad de llegada del fenómeno de La Niña para el trimestre agosto-septiembre de este año, el Gobierno lanzó la estrategia nacional y el plan de preparación para la respuesta ante los posibles eventos asociados a este fenómeno que puedan presentarse en las regiones, de acuerdo con las proyecciones de lluvias en el país.
Al respecto, se informó que en este plan trabajan de manera articulada la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y los ministerios de Transporte y de Agricultura y Desarrollo Rural.
Sobre el particular, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, señaló que, según las predicciones del Ideam, se prevé el inicio de La Niña entre los trimestres de agosto-octubre y septiembre-noviembre, con una probabilidad de ocurrencia del 70%, la cual podría extenderse hasta el primer trimestre del 2025.
Por su parte, Carlos Carrillo Arenas, director general de la UNGRD, advirtió que, según los históricos nacionales del fenómeno de La Niña, el país debe prepararse para 2.624 eventos, en promedio 15 eventos diarios, la mayoría asociados a inundaciones (5.000), movimientos en masa (3.000), vendavales (658) y avenidas torrenciales (326).
Además, se proyectan 437 incendios forestales y ocho sequías. Debido a que el país es heterogéneo, este fenómeno no solo se relaciona con el aumento significativo de las lluvias en algunas regiones, sino con el déficit de las precipitaciones en otras.
“Desde la Unidad proyectamos afectaciones en 550.000 familias, 16.000 viviendas destruidas, 224.000 viviendas averiadas, 2.201.423 hectáreas de cultivos y 6.184.771 animales”, aseguró el director general de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas.
Entre tanto, la ministra de Ambiente agregó que “las regiones Andina y Caribe se espera sean las más afectadas por los excesos de lluvias en octubre; mientras que en Orinoquia y Pacífica se prevé para noviembre, diciembre e incluso enero de 2025”.
Por ello, la titular de la cartera ambiental invitó a los sectores a trabajar en la priorización de las zonas que pueden sufrir inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, eventos concatenados, entre otros, y a la ciudadanía a estar alerta, evitar actividades que puedan taponar las alcantarillas y apoyar el monitoreo de ríos y quebradas.
Igualmente, el Ministerio de Transporte activó de manera permanente el Comité Sectorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), con el fin de unir esfuerzos para generar mecanismos de alerta temprana que permitan, ante todo, la preservación de las vidas humanas.
En tal sentido, el sector Transporte identificó los corredores más críticos de la red vial nacional mediante el ejercicio de cruce de capas de las predicciones del IDEAM, encontrando 21 con mayor amenaza.
Así mismo, las autoridades destacaron que, cada 24 horas, producto del seguimiento, se genera un reporte que es socializado con los directores territoriales del Instituto Nacional de Vías para la toma de decisiones preventivas, teniendo en cuenta las capacidades instaladas en cada uno de estos corredores, recursos, personal y equipos disponibles, para dar respuesta oportuna a cualquier evento que se pueda presentar.
Recursos para el campo
De igual manera, el sector agropecuario tiene un plan de acciones anticipatorias para enfrentar La Niña, el cual cuenta con recursos por $229 mil millones. Estos están enfocados en la difusión de la información agroclimática, servicios financieros e incentivos para la preparación y aseguramiento, brigadas de salud animal y jornadas de actualización tecnológica para pequeños productores ganaderos y extensionistas, entre otras medidas.
Sobre el particular, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recalcó que “a pesar del buen desempeño actual, el sector agropecuario se prepara para enfrentar los desafíos que traen consigo fenómenos climáticos como La Niña”.
Además, la funcionaria enfatizó que “por su recurrente afectación en episodios pasados, así como por la prevalencia de inseguridad alimentaria y la presencia de comunidades étnicas, serán priorizadas la región Caribe (La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba) y el Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca)”.