El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, impulsa un certificado alimentario como estrategia más eficaz que una pena de prisión para los padres que incumplan las obligaciones con sus hijos, el cual está soportado en la Ley 2097 del 2021, por medio de la cual se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
Al respecto se refirió el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, en desarrollo del conversatorio ‘Humanización de la Política Criminal’, organizado por la Universidad de Los Andes, en el cual se originó un debate sobre la iniciativa del Gobierno Nacional de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria, como medida para descongestionar las cárceles.
“Nosotros estamos proponiendo que se elimine ese delito (inasistencia alimentaria) porque hay una nueva ley, la 2097, que establece una estrategia novedosa, coactiva, dura para el cobro de las obligaciones alimentarias, que parece ser mucho más eficaz que la vía penal. Esta vía, que fue revisada por la Corte Constitucional, crea el Registro de Deudores Morosos de Alimentos, que tiene efectos más severos que las centrales de riesgo”, indicó el Ministro.
El titular de la cartera de Justicia, quien comparó el certificado alimentario con el judicial, explicó que la persona incluida en el Registro de Deudores Morosos de Alimentos “no puede celebrar negocios inmobiliarios, no puede ser funcionario público ni contratista, no puede tramitar créditos bancarios y no podrá salir del país o efectuar trámites migratorios.
Sobre el Redam, Osuna agregó que “estamos convencidos de que esta forma es mucho más eficaz que la vía penal para lograr el pago de la obligación con los hijos”.
De hecho, el Ministro afirmó que en la actualidad hay 182.000 procesos activos en la Fiscalía General de la Nación sobre inasistencia alimentaria, y que en juicio están 8.000 casos. Además, aseveró que por este delito hay alrededor de 500 personas privadas de la libertad.
En relación con el proyecto de ley de Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria, el Ministro dijo en el conversatorio que “el Sistema Penal y Penitenciario no ha ofrecido índices significativos de disminución de la criminalidad”, y agregó que el proyecto puede aumentar la seguridad disminuyendo la reincidencia.
“La seguridad ciudadana y humana se logra a partir de empleo, políticas de inclusión, políticas para la juventud. No tanto desde el sistema penal y penitenciario”, concluyó.