En las vísperas del Día del Campesino, que se celebra cada primer domingo de junio, en las poblaciones de Remolino y Santa Bárbara de Pinto, en el departamento del Magdalena, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, les entregó 1.247 hectáreas de tierra a 87 familias.
En esta oportunidad, en Santa Bárbara de Pinto el presidente Petro les entregó la finca Yajaira a 50 familias de dos asociaciones: Asociación de Productores Agrícolas de Santa Bárbara de Pinto (Asopresab) y Asociación Campesina Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de Santa Bárbara de Pinto (Agrocapin).
Al respecto, se indicó que la finca consta de 658,1 hectáreas de tierra fértil. El ganadero antioqueño Raúl Botero se la vendió a la ANT y ahora pasó a manos de 30 familias de Asopresab y 20 familias de Agrocapin.
“Aquí se siente la realización de la justicia social. La posibilidad de que un gobierno ayude a que la población excluida tenga su espacio. El conflicto armado en los últimos 75 años tiene que ver con la desigualdad alrededor de la tierra. El de Raúl Botero no es un simple acto mercantil, sino que expresa un espíritu de construcción de paz. Esto fue un acuerdo local que se podría convertir en un gran acuerdo nacional”, sostuvo el mandatario.
Por su parte, Felipe Harman, director de la ANT, se refirió a la compra de tierras en la Reforma Agraria e indicó que “la justicia social cuesta, merece un esfuerzo del Estado, porque en el alma de los colombianos está el corazón noble del campesino”.
Entre tanto, Raúl Botero, quien tuvo la finca durante, por lo menos, 30 años, aseguró que “es una tierra extraordinaria para ganado y para lo que uno le siembre. Tiene energía eléctrica en la mayoría y paneles solares en los campamentos. Está muy bien de agua. Hay unos 50 jagüeyes, en cada potrero hay uno o dos que conservan el agua”.
Igualmente, también se refirió a la Reforma Agraria y manifestó que “estamos en un gobierno de izquierda. Yo soy de derecha, pero creo que lo que queremos los de izquierda y los de derecha es el bien nacional, que haya menos pobreza y menos hambre. Este es un bello programa porque es darle tierra al pequeño campesino y eso le mejora mucho su nivel de vida. No hay obligación de vender las tierras. Se vende si uno quiere. No hay expropiación”.
En tal sentido, Pedro Martínez Valencia, representante de Asopresab, quien tiene 72 años y ha trabajado en el campo, piscicultura y agricultura, desde niño, afirmó que “nunca hemos tenido tierra. Aquí (en Yajaira) pensamos hacer de todo, ver cómo están los estanques para echar bocachico, mojarra, tilapia y en la tierra, sembrar maíz, fríjol, batata, ñame, patilla, y vender la producción en la región”.
Además, Aleidis Mercedes Terán Reyes, integrante de Agrocapin, víctima del conflicto armado, llegó hace 20 años a Santa Bárbara de Pinto, desplazada por paramilitares desde zona rural del sur de Bolívar. En Pinto ha trabajado como profesora.
“Nunca he tenido tierra. Siempre hemos trabajado en tierras ajenas. No tenemos dónde cultivar. Se me quería explotar el corazón de la alegría cuando supe que parte de esta finca es para la asociación”, comentó.
Cabe señalar que esta jornada de entrega de tierras en el Magdalena, se inició en Remolino, donde la zozobra convive con las familias de municipios ribereños del Magdalena, porque las crecientes se les llevaba las cosechas.
Ahora, esta incertidumbre termina con la entrega del predio La Esperanza, de 589 hectáreas, comprado por la ANT y entregado en el marco de la semana del campesino. Son en total 37 las familias beneficiarias: 27 de la Asociación Nacional de Desplazados de Guáimaro y 10 de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC.
“La entrega de tierra es la posibilidad de saldar deudas históricas con el campesinado de esta región. En 2006, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder – les adjudicó un predio en Salamina, Magdalena, a las familias de la Asociación Guáimaro; tres años después, cuando ya tenían avanzados sus proyectos productivos, la adjudicación fue revocada y las familias, desalojadas. Desde entonces habían venido librando una lucha por la tierra que culminó ahora con la entrega que les hizo el Gobierno”, explicó la ANT.