CGR asumió intervención funcional a contratos celebrados desde 2020 por la Alcaldía de Cali y sus entidades

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Fuente: CGR. El órgano de control fiscal compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.

La Contraria General de la República decretó “intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali; contratos celebrados a partir del año 2020 por la Alcaldía de Cali y sus entidades”, asignando conocimiento y tramite a las contralorías delegadas para los sectores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Infraestructura y Defensa y Seguridad.

Al respecto, se indicó que la decisión se basa en el informe preliminar resultado de la gestión adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en conjunto con la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, que reveló escenarios que ponen en riesgo los recursos públicos comprometidos por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y que, en consecuencia, podrían generar un detrimento al patrimonio público del Distrito.

Así mismo, según el órgano de control fiscal, se encontró una falta de rigurosidad en las etapas de planeación, ejecución y supervisión contractual. Esta intervención, en la que se revisarán 47 contratos, que abarcan áreas críticas como la tecnología, infraestructura y seguridad.

Igualmente, se fundamenta en las facultades conferidas a la Contraloría General de la República por la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020, que le permiten asumir el control y vigilancia fiscal en casos de trascendencia o impacto social y económico. Labor que, en este caso, se desarrollará con el fin garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y control fiscal de los recursos públicos.

Cabe destacar que esta intervención se extenderá hasta la culminación de las actuaciones correspondientes, incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, si procede.

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