En audiencia pública, la JEP recabará información que permitirá determinar si se prorroga la medida cautelar ordenada en el Cementerio Municipal de Cimitarra y si se deben proteger el predio del aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’ y el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, también en Santander, donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
En esta oportunidad, la diligencia, que se lleva a cabo este martes 12 de marzo, se da en el marco de la decisión adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento en 2018, cuando decidió proteger 16 lugares del país, entre ellos: el cementerio Municipal del municipio de Cimitarra, Santander, trámite que lleva la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra.
Cabe señalar que, en ese momento, la decisión fue adoptada por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes cometidos por el Estado (Movice) y, hoy, es la mesa de víctimas que pidió ampliar la medida a dos puntos más.
De acuerdo con la investigación adelantada por la JEP, en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos provenientes de masacres y homicidios sin ningún protocolo o procedimiento que preservara su identificación.
Igualmente, a pesar de que el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía intervino el lugar entre 2015 y 2017, a la fecha, aún hay cuerpos sin recuperar en dicho lugar.
Así mismo, una situación similar se presenta en el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, en Cimitarra. Según el relato de organizaciones de víctimas, la comunidad, de manera humanitaria, les dio sepultura en este lugar a los cuerpos que bajaban con la corriente del río Carare.
Allí, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), identificaron varios puntos de interés forense donde se presume que fueron dispuestos cuerpos sin identificar de víctimas de desaparición forzada.
En cuanto al predio en el que se encuentra el aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’, ubicado a las afueras del casco urbano, en la vía que conduce de Cimitarra a Puerto Araujo, es de interés, pues allí funcionó el Batallón de Artillería No. 5 ‘Capitán José Antonio Galán’, de Socorro (Santander), y del Batallón de Infantería No. 41 ‘Rafael Reyes Prieto’.
De acuerdo con información entregada por víctimas y evidencia judicial recopilada por la JEP, en este lugar, miembros de la fuerza pública habrían inhumado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes habrían sido señalados de pertenecer a algún grupo al margen de la ley.
“La desaparición forzada es un acto atroz: no concreta la muerte ni permite la vida y, de esta manera, niega la condición del ser humano. En ese contexto, los familiares de las víctimas afrontan una permanente dualidad entre la expectativa de la vida que promueve la ilusión del regreso de quien se encuentra desaparecido y el temor de la pérdida definitiva que hace suponer su eterna ausencia”, dijo la magistrada Reinere Jaramillo
Además, la togada, quien presidirá la audiencia en Cimitarra, reiteró que “es por ello que, además de hacer seguimiento a las órdenes proferidas en este trámite, se tendrán momentos simbólicos con carácter restaurativo frente a las víctimas que tienen nuestro respeto por su dignidad y valor”.
Según las organizaciones de víctimas, la presión y el acoso contra el campesinado en Cimitarra, por parte de diferentes actores armados, motivaron la creación de organizaciones de resistencia y lucha por sus derechos como víctimas.
Esto dio origen a organizaciones emblemáticas para esta región y para el país, como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), la Unión Nacional de Oposición (UNO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) y el Colectivo 16 de mayo, las cuales intervendrán en la audiencia de este martes.
Finalmente, se destacó que el seguimiento a las medidas cautelares tiene como objetivo identificar los riesgos que dificultan la búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos de la región.
Por ello, la JEP citó a la Alcaldía de Cimitarra, la Gobernación de Santander, la Defensora Regional del Magdalena Medio, los ministerios del Interior y de Defensa, la Aeronáutica Civil, el Instituto de Medicina Legal, el Grube de la Fiscalía, la UBPD y la Unidad para las Víctimas.
Cabe destacar que este trámite de medidas cautelares se complementa y es de interés para el Caso 08, que investiga crímenes de la fuerza pública cometidos en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles.
“La priorización de la JEP en la investigación de estos hechos constituye una esperanza para las víctimas, especialmente para adultos mayores que por años han exigido al Estado el cumplimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado”, enfatizó la magistrada, presidenta de la audiencia.