Los enfrentamientos armados que vienen sosteniendo desde el pasado 7 de febrero miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial de la vasta zona rural de Segovia, en el departamento de Antioquia, tienen confinadas y en situación de desplazamiento forzado a unas 800 familias de cinco veredas del municipio.
Al respecto, se resaltó que la agudización de los combates desencadenó una crisis humanitaria. Los derechos fundamentales a la libre movilidad, a la salud y a la alimentación de los moradores de esa zona del nordeste antioqueño están siendo vulnerados, ya que hay escasez de alimentos, combustibles y medicinas.
“A través de nuestra Regional Antioquia, articulamos una reunión interinstitucional para facilitar puentes que permitan auxiliar y proteger a las comunidades afectadas. Próximamente abriremos, como conclusión del encuentro, con la participación de las entidades nacionales y departamentales y los cooperantes internacionales, un corredor humanitario para llevar las ayudas que están requiriendo con urgencia las familias confinadas”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En esta ocasión, a la reunión, llevada a cabo en la sede de la Regional Antioquia de la Defensoría, en Medellín, asistieron representantes de los ministerios de Defensa y del Interior, de la Gobernación de Antioquia, de la Unidad para las Víctimas, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la Nación y de la Alcaldía de Segovia.
También, integrantes de la ONU Derechos Humanos Colombia, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En la medida en que los afectados han podido salir de sus territorios, aun cuando son conscientes de que pueden quedar en medio del fuego cruzado y exponer su vida e integridad, no han tenido otra opción que desplazarse.
“Son cinco o seis familias las que a diario llegan, con dificultades, al casco urbano de Segovia y a otros lugares, como el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Igualmente, la Defensoría lamenta el caso de una persona que resultó herida a causa de una mina antipersonal en inmediaciones de la vereda Los Aguacates. “Las infracciones de los actores armados ilegales al derecho internacional humanitario son evidentes. La población civil no tiene por qué verse afectada por las hostilidades”, recalcó Carlos Camargo Assis.
Cabe recordar que, en días pasados, un soldado del Ejército Nacional, en operativos adelantados contra las AGC y otras organizaciones armadas al margen de la ley, murió al pisar un artefacto explosivo. Así mismo, otros cuatro de sus compañeros fallecieron y ocho más resultaron heridos en los combates que las tropas de las Fuerzas Militares han venido sosteniendo en el nordeste de Antioquia.