El Gobierno de Colombia presentó su intervención durante las audiencias que se surten ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el marco de la solicitud de opinión consultiva relativa a las consecuencias jurídicas derivadas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
En esta oportunidad, el Gobierno de Colombia sostuvo que la ocupación del territorio palestino por parte de Israel es ilegal por ser violatoria del derecho internacional e indicó que las políticas y prácticas de Israel en desarrollo de esa ocupación han resultado en persecución impuesta, discriminación racial y apartheid sobre pueblo palestino y violan su derecho de autodeterminación.
Además, Colombia argumentó que las consecuencias jurídicas de dichas actuaciones deben ser vistas en el contexto de la grave situación actual, e implican:
Primero: que la responsabilidad internacional del Estado de Israel ha quedado comprometida por estas acciones. Que debe, por una parte, cesar las conductas violatorias de sus obligaciones internacionales y cumplir con dichas obligaciones.
Además, por otra parte, Colombia resaltó que debe poner fin a la ocupación y a la implementación de las políticas y prácticas violatorias y debe reparar e indemnizar los daños causados, y brindar garantías de no repetición.
Segundo: que los terceros Estados deben, por una parte, no reconocer la ocupación ilegal y abstenerse de ayudar o prestar asistencia al mantenimiento de esta, además, cooperar entre ellos y asistir a los Estados involucrados para poner fin a la situación y lograr una solución negociada.
Tercero: que las Naciones Unidas, y en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deben redoblar esfuerzos para encontrar medidas adicionales para estos mismos efectos.
Es importante recordar que este proceso es independiente de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 29 de diciembre de 2023.
En aquella ocasión, Colombia, mediante comunicado del pasado 10 de enero, anunció que acompañará esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales que suministran el Estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia.