El vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, ordenó que a través de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública, se solicite al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y a la Cancillería, un informe detallado de la relación de los viajes, misiones especiales, comisiones, delegaciones oficiales de Estado, que hayan realizado las esposas de los presientes Gustavo Petro, Iván Duque y Juan Manuel Santos.
Al respecto, el funcionario explicó que el objetivo es tener una trazabilidad completa de cuál ha sido el comportamiento de los recursos públicos que hayan sido utilizados o no, en este tipo de misiones, visitas o delegaciones, que adelantaron las primeras damas en sus respectivos espacios de gobierno.
“Se solicitará un informe detallado relacionado con los viajes, misiones especiales comisiones, delegaciones oficiales que hayan realizado las esposas del presidente Gustavo Petro y de los expresidentes Duque y Santos, con el fin de tener una trazabilidad de cómo ha sido el comportamiento de los recursos públicos, utilizados o no, en este tipo de actividades, realizadas por las primeras damas”, sostuvo Zuluaga.
De igual manera, el vicecontralor reveló que indagará y verificará el comportamiento de los contratos que han estado en cuestionamientos, a raíz de las denuncias y los escándalos de contratación y malversación de fondos, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.
“Vamos a indagar y verificar el comportamiento de los contratos que han estado en cuestionamiento en el DAPRE, con el fin de que podamos obtener la información de los contratos y toda la información contractual y precontractual que le permita a la Contraloría identificar si en estos hechos, que están siendo investigando por la Fiscalía General, también se asume o no una responsabilidad fiscal durante la ejecución de éstos”.
En Auditoría de Cumplimiento a la SAE – FRISCO
De otro lado, el vicecontralor informó que, como resultado de una Auditoría de Cumplimiento realizada al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la Contraloría General constituyó 82 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen incidencia fiscal, generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $28.708 millones.
De igual manera, expresó el funcionario, del total de hallazgos, 67 posible connotación disciplinaria, 7 con presunto carácter penal y 2 con otras incidencias, los cuáles serán trasladados para su trámite a las instancias competentes.
Al respecto, Zuluaga afirmó que la auditoría focalizó 80 sociedades administradas por la SAE y ubicadas en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Choco, Atlántico, Guajira, Antioquia, San Andrés Islas y Providencia, Córdoba, y Cundinamarca, y las evaluó según su estado jurídico (extintas, en proceso, activas y en liquidación).
Así mismo, se verificaron procesos de enajenación, denuncias y procesos judiciales que se adelantan en favor y en contra, con el fin de verificar y evidenciar el cumplimiento de las normas en la materia para su correcta administración.
“Como resultado de esta auditoría, la Contraloría General de la República emitió concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO, por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el análisis integral al proceso de administración, control y seguimiento para la administración de los bienes del FRISCO, por parte de la SAE, específicamente de las sociedades de la muestra seleccionada, con corte a 30 de junio de 2023”, sostuvo el órgano de control fiscal.
De las visitas realizadas por el equipo auditor de la Contraloría delegada para el Sector Justicia y la evaluación general que se hizo según los diferentes estados jurídicos, se evidenciaron varias situaciones que afectan la adecuada administración, seguimiento y control de las sociedades, como las siguientes:
- La asignación de depositarios no se realiza de manera oportuna.
- En los casos que se nombra al depositario, no se procede a la entrega física de las sociedades.
- Se observan sociedades con depositarios removidos por diferentes causas, evidenciándose casos de hasta 2 años, sin que se cumpla con un nuevo nombramiento.
- Se realizan pagos a depositarios, sin el cumplimiento de requisitos.
- Los términos y cronogramas de los procesos de liquidación de las sociedades se incumplen.
- Los avalúos comerciales y estimados de renta correspondientes a los bienes sociales presentan atrasos de hasta 3 años o más, lo que impide avanzar en los procesos de enajenación para las sociedades que se encuentran en proceso de liquidación y evita la maximización de ingresos por productividad de los bienes sociales.
- Existen bienes sociales improductivos, abandonados, en deterioro y en algunos casos con ocupaciones irregulares.
- Se realizan créditos a sociedades, que se deterioran sin realizar gestión de cobro.
- Se suscriben contratos sin el cumplimiento de lo ordenado por la ley en materia de constitución de garantías.
- No se cuenta con registro de afectados por las medidas cautelares a las sociedades incautadas, con el fin de evitar que continúen ejerciendo administración o intervenciones por terceros que tengan relaciones con estos.
- En las diferentes visitas realizadas por la Contraloría General de la República se evidenció que, como administradora de las sociedades, la SAE no efectúa un adecuado acompañamiento y seguimiento a las mismas.
- La falta de seguimiento a los depositarios designados y la administración ha llevado a la toma de decisiones que condujeron a disolución y liquidación de sociedades.
- Desconocimiento del estado real de las sociedades bajo la administración de la SAE.
- Deficiencias en la funcionalidad y oportunidad del cargue de información en el sistema tecnológico SIGMA, que no cuenta con la información suficiente para el adecuado seguimiento, evaluación, control y adopción de las medidas preventivas y correctivas, para procurar la debida administración de los bienes, por parte de la SAE y los depositarios.
- Falta de mecanismos de seguimiento financiero que no permitieron realizar los análisis de utilidad y de indicadores, que propendieran por la optimización de la actividad de cada sociedad, que ocasionó que aquellas no generaran utilidades y riesgo de pérdida de recursos para el FRISCO.
- Incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones, deberes y responsabilidades que las leyes señalan para los depositarios provisionales.
- Apropiación de recursos propiedad de las sociedades que se encuentran en procesos de liquidación, por parte del FRISCO, ocasionando incumplimientos en los cronogramas de liquidación.
- Las sociedades no se encuentran reconocidas correctamente en los Estados Financieros del FRISCO.