El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima, concedió a una mujer privada de la libertad la figura de servicio de utilidad pública, permitiéndole cumplir su condena por hurto a través de un plan de trabajo comunitario de 18 horas semanales, de lunes a viernes.
En esta oportunidad, el juez de ejecución de penas evaluó las condiciones de la beneficiaria, una madre cabeza de familia, para conceder la figura, exigiendo demostrar vínculos familiares y la responsabilidad afectiva, económica y social de manera permanente sobre hijos menores o personas con discapacidad.
Frente a esta decisión, la condenada deberá cumplir obligaciones adicionales, como comparecer personalmente a la autoridad judicial, permitir visitas de servidores públicos del INPEC y abstenerse de participar en actos delincuenciales, demostrando buena conducta.
Cabe destacar que este enfoque busca integrar a mujeres cabeza de familia en proyectos comunitarios, como huertas comunitarias, conservación ambiental y promoción de convivencia.
“Esta decisión marca un hito en el sistema judicial, siendo el primer caso en el que una mujer puede sustituir efectivamente la privación de libertad por contribuciones comunitarias, alineándose con la legislación contenida en la Ley 2292 de 2023”, subrayó el Ministerio de Justicia.
Vale mencionar que, en esta oportunidad, se trata de una madre cabeza de familia, quien se reintegrará a su hogar y desempeñará labores de apoyo a proyectos comunitarios de desarrollo social en huertas comunitarias, así como en temas de conservación ambiental, aprovechando su potencial para sostener a sus hijos que estaban a la deriva.
“Todo esto en cambio de estar en la cárcel sin hacer nada en el día a día. Este sustituto se concede por decisión del juez que aplicando por primera vez la ley de utilidad pública valoró la conducta y comportamiento de la privada de la libertad. A cambio ella asume unos compromisos especiales que deberá cumplir al pie de la letra”, puntualizó la cartera de Justicia.