Luego de la recuperación de más de 1000 hectáreas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que estaban siendo afectadas por la minería ilegal, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció la inversión de $14.7000 millones para iniciar la rehabilitación de las áreas del parque impactadas por esta actividad ilícita.
“Hemos recuperado el territorio del Parque Nacional Farallones, demostrando que, sin un hecho violento, adelantamos esta operación para no permitir un asentamiento permanente en la parte alta del parque. Son 1000 las hectáreas afectadas de Páramo”, manifestó la ministra.
Igualmente, la funcionaria reveló que “empieza entonces la recuperación ambiental y también los análisis por afectación de mercurio en el agua. El mensaje es claro: con la unión de todas las entidades podemos controlar el territorio y podemos desmantelar estas bandas criminales”.
De acuerdo con las investigaciones, la minería ilegal que se adelantaba en el Parque Farallones, mensualmente extraía 78.000 gramos de oro, que representan ingresos para las bandas multicrimen superiores a los 13.200 millones de pesos. Esta actividad ilícita generó afectación en los cuerpos de agua, por el vertimiento de mercurio que, se estima, llegó a ser de una tonelada al año.
“La recuperación del área afectada en el Parque Nacional, será lenta. En 20 años, tendríamos nuevamente cobertura vegetal, pero solo hasta dentro de 50 años volverían los servicios de los ecosistemas. Los daños en el suelo por minería ilegal son desastrosos y complican la recuperación de estas zonas estratégicas del país”, puntualizó la ministra de Ambiente.
Así mismo, la jefe de la cartera ambiental también señaló que las acciones adelantadas se dan en un momento crítico para el ecosistema, pues ya se estaba conformado un asentamiento con más 800 personas, quienes eran instrumentalizadas para el ejercicio de la minería ilegal.
De esta manera, el Gobierno adelanta medidas eficaces que ratifican el trabajo articulado de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Delitos Ambientales, Conaldef, y su plan para contener la deforestación y luchar contra la minería ilegal en el país.
“Estamos cumpliendo con las operaciones planteadas en el Conaldef, como la operación en Puré, la operación binacional con Ecuador para el tráfico de madera ilícita, como esta en Farallones. Estamos en la planificación de otras operaciones” puntualizó Muhamad.
Así fue el operativo en Farallones
Algunos de los resultados de la operación que adelantaron las autoridades en el Parque destacan el cierre de 11 bocaminas y la afectación de infraestructura ilegal como maquinaria para la extracción de minerales, electrodomésticos, herramientas, material de ferretería, viviendas improvisadas (tipo cambuche) y tiendas, avaluadas por más de 5000 mil millones de pesos.
Esta intervención en Farallones, que contó con una preparación estratégica de más de seis meses entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales Naturales y el Ejército Nacional, también dejó como resultado 10 capturas por delitos de violencia contra servidor público, explotación ilícita de yacimiento minero e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Además, se registró el cierre técnico de las bocaminas el ‘Feo’, ‘Martínez’ y ‘Pataequeso’.
“Estamos trabajando en la lucha contra la deforestación. Tenemos en este año un registro del 82 % de personas capturadas por delitos al medioambiente. Es decir, cerca de 3000 capturas más. También hubo un incremento de los yacimientos ilegales intervenidos, se han incautado 386 unidades de maquinaria amarilla y 1.115 personas capturadas por explotación ilícita de minerales” señaló Alberto Lara, viceministro de Defensa.
Los nuevos resultados se suman al trabajo realizado en contra de actividades ilegales en los Parques Nacionales Naturales Paramillo, Nukak, Serranía de los Yariguíes, Puré, Amacayacu y La Paya.
Entre tanto, el general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, hizo énfasis en que, de esta manera, se protege el hábitat y se contribuye al bienestar de las comunidades circundantes, demostrando el compromiso del Gobierno Nacional con la protección ambiental y la seguridad pública.
“Este tipo de operaciones son de gran importancia para la protección del medio ambiente, toda vez que la minería ilegal contamina fuentes de agua con químicos nocivos, poniendo en riesgo la salud humana y el equilibrio ecológico”, afirmó el oficial.