Bajo el nombre “Justicia Inquebrantable, entregamos memoria, recibimos esperanza”, el Ministerio de Justicia y el Derecho, con el apoyo de USAID y PNUD, realizó un acto de reconocimiento a las y los servidores judiciales y sus familias, que en cumplimiento de su labor judicial han sido víctimas de la violencia asociada al conflicto armado y al narcotráfico.
En esta ocasión, el ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Iván Osuna, afirmó que “no podemos salir de este cargo con la frente en alto si no hemos logrado encontrar a los que permanecen desaparecidos, si no hemos logrado erradicar la corrupción y saber quiénes cometen los atentados. Una justicia volcada a la búsqueda y encuentro de la verdad: ese es el propósito de este gobierno”.
Igualmente, el funcionario recalcó que este paso se da “tras escuchar las peticiones de las víctimas que, entre otros temas, propusieron la creación de una unidad especializada en la Fiscalía que investigue los delitos cometidos contra servidores y servidoras judiciales,
Además de su petición para luchar contra la impunidad en sus casos, los servidores judiciales y sus familias víctimas señalaron que requieren mayores garantías para el ejercicio de su labor.
Entre otras, fortalecer la política de riesgos laborales y de cuidado a la salud mental de los servidores judiciales; mejorar los análisis de riesgos y medidas de protección adecuadas para contextos con presencia de diferentes actores armados; y programas de apoyo institucional para las familias con necesidades psicosociales y económicas urgentes ante una victimización.
“Las víctimas del poder judicial no son un número más que denota la violencia sistemática de nuestro país. Son un padre, un esposo, un hermano, un servidor judicial. No queremos recordarlos solo nosotros, sino que el Estado y el Poder Judicial no les den la espalda a sus víctimas (…) Nos queda seguir persistiendo hasta que nuestro dolor les duela”, afirmó Bertha Yiced Valdés, hija de Carlos Julio Valdés, técnico judicial asesinado en Tuluá en 2005.
Por su parte, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, llamó la atención sobre la magnitud de la violencia contra los servidores judiciales, “que no sería de tales dimensiones si no es porque han existido funcionarios que no se doblegan ante las amenazas y la violencia”.
Así mismo, recordó que, así como lo hizo la Comisión de la Verdad cuando escuchó sus testimonios, este proceso de reconocimiento liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho busca “abrigar esas soledades y tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir”.
Cabe señalar que este acto es uno de los momentos más emblemáticos del proceso de reconocimiento que, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ha liderado el Ministerio de Justicia y del Derecho para reconocer la dignidad de los más de 1.200 servidores judiciales que en cumplimiento de su labor han sido víctimas de amenazas contra su vida e integridad, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, judicializaciones injustas, desprotección del Estado, desplazamiento y exilio, entre otros.
Finalmente, las víctimas también solicitaron un banco de ADN con muestras de los familiares de las y los servidores judiciales para encontrar a los que siguen desaparecidos.
“Vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes, los servidores judiciales víctimas, sus familiares y sus descendientes para construir una sociedad mejor. Vamos a continuar de la mano del mandato popular que recibimos para construir un reconocimiento a quien lo merece”, finalizó el ministro.