La Contraloría General de la República expresó su creciente preocupación por el vacío institucional que sufre actualmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, justo cuando ha iniciado oficialmente el fenómeno de El Niño y tiene que tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas.
Así mismo, el órgano de control fiscal añade que mientras se mantenga esta situación, no se podrán tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios.
Al respecto, la CGR señala que, durante el presente año, se ha hecho evidente la crisis en la CREG, entidad integrada por los ministros de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público; el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y por los seis expertos comisionados, quienes deben tener dedicación exclusiva y especiales cualidades y que, de acuerdo con la Ley 2099 de 2021, deben ser nombrados por el presidente de la república por periodos de cuatro años.
Además, subraya la Contraloría, dentro de las facultades atribuidas a dichos comisionados, se encuentran la independencia y autonomía para elaborar propuestas regulatorias.
Po ello, la CGR ve con preocupación cómo a la fecha, al no conocerse los nombramientos de estos expertos comisionados, hay un vacío institucional.
Cabe señalar que según lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, es la CREG la que tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP.
A juicio de la Contraloría General, uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la CREG, y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales.
Por lo tanto, asegura el órgano de control, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la CREG.
“Al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio, y en especial en la costa Caribe, pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”, resalta la CGR.
Igualmente, destaca la Contraloría General, es preciso indicar que, “al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía”.
Así, por ejemplo, los usuarios del Caribe tienen un costo unitario de kilovatio hora, que puede incrementarse en la facturación en un solo mes, de $300.000 a $345.000, y así sucesivamente en los siguientes meses.