La alcaldesa Claudia López, anunció que la Alcaldía Mayor de Bogotá y los tres proponentes que se presentaron para la ejecución del Corredor Verde de la Carrera Séptima presentarán una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a la medida cautelar adoptada por el Juez 35 Administrativo del Circuito, que suspendió el Proyecto Corredor Verde por la Carrera Séptima.
Al respecto, la mandataria distrital aseguró que esta decisión se basa en la firme convicción de que se han vulnerado los principios del debido proceso y se ha afectado gravemente el interés público de la ciudad.
“Creemos que el señor Juez de la República desestimó argumentos y desconoció jurisprudencia sobre la materia. Creemos que no solamente a la Alcaldía Mayor y a los bogotanos, sino también a los tres proponentes, empresas privadas de alto nivel de nuestro país, se le desconoció sus derechos al debido proceso al tomar esa decisión”, sostuvo la alcaldesa Mayor.
De igual manera, la mandataria distrital señaló que cada rama del poder público tiene su función especial, y no es resorte de la Rama Judicial decidir sobre los diseños de ingeniería de un proyecto; pues “eso le corresponde a la Rama Ejecutiva, y para eso somos electos por voto popular, para tomar decisiones de la inversión de los recursos públicos, inversiones técnicas y de ingeniería para la movilidad de la ciudad”.
Así mismo, la alcaldesa López agregó que “con todo respeto lo decimos: tenemos a un Juez de la República que ha usurpado funciones que le corresponden a la Alcaldía, y ha desconocido derechos que tienen los empresarios privados”.
A su turno, William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía Mayor, explicó que “consideramos necesario que, a través de la acción de tutela, basándonos en la garantía del derecho fundamental del debido proceso y en aras de evitar un perjuicio irremediable que está ocasionando esa parálisis de la adjudicación de la fase tres, se reviva y vuelva el curso del proceso contractual”.
Igualmente, el funcionario del Distrito manifestó que la suspensión de la licitación está ocasionando un perjuicio irremediable, que se ve reflejado en la pérdida de más de $82.000 millones que han invertido las últimas alcaldías en estudios y diseños del proyecto.
“En ese sentido, el día de hoy radicaremos la acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y, de manera separada, lo harán las empresas proponentes, porque tienen consideraciones adicionales”, aseguró William Mendieta.
El secretario espera que en las próximas dos semanas el Tribunal conozca el caso, lo considere y actúe en favor del Distrito y de los bogotanos.
Las razones fundamentales para interponer esta acción judicial son las siguientes:
Interpretación Irrazonable del Plan Distrital de Desarrollo: La medida cautelar se basa en una interpretación irrazonable del artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, al deducir erróneamente que está prohibida cualquier solución de movilidad que incluya un sistema de buses. Dicha interpretación impide construir una solución óptima para la movilidad sostenible en Bogotá, contrariando la propuesta de gobierno que fue aprobada en las urnas en 2019 y que permitía, tal y como determinaron los estudios de viabilidad, la creación de un corredor con buses eléctricos.
Invasión de Competencias de la Administración Pública: Creemos que la medida cautelar invade las competencias legítimas de la administración distrital para determinar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura de Bogotá.
Falta de Audiencia Pública: No se brindó a la Alcaldía la oportunidad de adelantar una audiencia pública en la cual se pudieran explicar las dimensiones técnicas del proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Esta ausencia de un diálogo técnico responsable afectó la toma de una decisión suficientemente informada en un proyecto tan trascendental para Bogotá.
Desatención de Pruebas Técnicas: La decisión judicial no tuvo en cuenta las pruebas que demuestran las radicales diferencias técnicas entre el proyecto de una troncal de Transmilenio pesada propuesto por la administración anterior y el proyecto del Corredor Verde de esta administración. Nuestro proyecto garantiza movilidad sostenible, amplio espacio para peatones, zonas verdes y un carril exclusivo para buses eléctricos no contaminantes.
Desconocimiento de las decisiones previas que han avalado el proyecto: También se desconoció en la decisión los pronunciamientos en los que otras autoridades judiciales han avalado el proyecto de “Corredor Verde Séptima”.
Además de las razones anunciadas, se sabe que los proponentes que se postularon al proceso licitatorio suspendido también presentarán una acción de tutela, ya que se les negó el derecho de participar y oponerse a la medida cautelar que pone en vilo sus legítimas expectativas y genera inseguridad jurídica en el sector.
“Damos total respaldo de nuestras compañías a estas acciones, toda vez que se han vulnerado los derechos de nuestras organizaciones en un proceso que de alguna manera no consideró el debido proceso y nos impidió hacer parte de la acción popular. Esas obras merecen ser ejecutadas por el beneficio de toda la ciudadanía”, indicó, Ricardo Rodríguez, representante legal de Conconcreto.
En este sentido, la Cámara Colombiana de la Infraestructura se ha manifestado en relación con esta decisión que pone en riesgo la movilidad de miles de bogotanos, señalando que la suspensión del Corredor Verde Séptima afecta la división de poderes y los recursos públicos.
Por ello, la Alcaldía comparte esta preocupación, y está comprometida con garantizar que Bogotá cuente con una infraestructura de transporte que promueva la movilidad sostenible, la calidad de vida de sus ciudadanos y el desarrollo equitativo de la ciudad.
“La Alcaldía Mayor de Bogotá seguirá defendiendo el interés público y el principio de legalidad en el proceso del Corredor Verde de la Carrera Séptima, buscando asegurar un desarrollo urbano sostenible para la ciudad”, puntualizó el secretario Jurídico del Distrito.