Durante más de una década, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, han unido esfuerzos para ofrecer a la población privada de la libertad formación para el trabajo, orientación ocupacional y capacitaciones en habilidades que les ayudarán a encontrar nuevas oportunidades al momento de su regreso a la vida en sociedad.
En esta ocasión, con más de 900 cursos técnicos y complementarios al año, la entidad ofrece 52.000 cupos de formación en los establecimientos de reclusión del orden nacional, generando una esperanza de vida al momento de recuperar la libertad. Así mismo, cerca de 15.000 internos son apoyados con orientación laboral.
“Para mí, el SENA ha sido una representación muy bonita. Puedo utilizar mi tiempo y creatividad en artesanías, he aprendido a hacer ensambles con la guadua, también hemos aprendido muchas cosas en inglés”, expresa el aprendiz de elaboración de guadua Juan Camilo Ariza.
Así mismo, con un enfoque especial, el SENA despliega sus capacidades de formación para beneficio de la población vulnerable del país, aportando a la construcción de justicia social y convirtiendo la educación y el trabajo en un medio efectivo para promover la resocialización.
“Todo esto me ha gustado mucho porque estamos como en una universidad que es exigente. Las cosas se hacen como son. Me ha gustado la modalidad del proyecto, los cronogramas, toda la técnica para poder construir”, dice Ariel Torres Artunduaga, aprendiz.
En tal sentido, la entidad destaca que los instructores son fundamentales en este proceso que lleva esperanza a los centros de reclusión.
“La educación y el trabajo fortalecen sus vidas, para que encuentren un aliciente mayor cada día y busquen la anhelada libertad. Pero lo más importante es que salgan transformados en nuevas personas, en nuevos familiares, padres nuevos que van a prestarle a su familia ese amor con devoción y ese servicio al país que tanto lo necesita”, cuenta Pedro Sánchez, instructor SENA.
Por su parte, el INPEC ha sido un aliado determinante para que la Entidad pueda llevar su oferta de servicios a las cárceles de Colombia. “Este tipo de convenios genera gran motivación y expectativa entre los privados de la libertad ya que son actividades que les brindan oportunidades laborales y académicas cuando recuperen la libertad y estén en sus hogares”, comenta Dumar Osvaldo Muñoz, dragoneante del INPEC.
Formación educativa en cárcel de Jamundí (Valle del Cauca)
De otro lado, la Defensoría del Pueblo, comprometida en garantizar y promover los derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, en articulación con el SENA, presentó en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí, en el Valle del Cauca, el portafolio de formación.
Según las entidades, de esta manera se permitirá a personas privadas de la libertad tener conocimiento en patronaje de prendas de vestir, cocina básica, producción de huertas agrícolas, pintura arquitectónica y reparación de edificaciones.
Al respecto, se informó que el proyecto ‘Equidad de género’ del SENA, cuya articulación ha sido fundamental para llevar a la realidad el propósito formativo, contará con cursos de una duración aproximada de nueve meses y estarán dirigidos a alrededor de 170 internas.
“La educación es un derecho fundamental que no debe ser negado a ninguna persona, independientemente de sus diferencias étnicas, de nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, condición socioeconómica, entre otras. Desde la Defensoría del Pueblo estamos comprometidos en garantizar que las mujeres y personas OSIGD – LGBTI privadas de la libertad tengan acceso a formación de calidad, que les proporcione habilidades y con ello la esperanza de contar con herramientas para su resocialización”, afirmó Carlos Camargo Assis durante la visita a este centro penitenciario y carcelario.
Cabe señalar que para la Defensoría del Pueblo, la alianza con el SENA, centro de educación reconocido por su excelencia en la formación y capacitación, es un paso trascendental en el firme compromiso con los derechos humanos de estas poblaciones, que en diferentes circunstancias experimentan violaciones específicas de derechos en razón de género.
“Ninguna persona debe sufrir vulneraciones ni violencias en razón de género u orientación sexual, desde la entidad de derechos humanos rechazamos todos los hechos que representen vulneración de derechos de las mujeres y personas OSIGD – LGBTI, y seguiremos avanzando en acciones que permitan la garantía de sus derechos”, dijo el Defensor del Pueblo.
El trabajo previo en el mismo complejo carcelario
A través de la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, la delegada para la Política Penitenciaria, la Regional Valle del Cauca y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo logró brindar atención a más de 900 personas entre mujeres y personas OSIGD – LGBTI en temas de salud, alimentación, acceso a la educación, entre otros.
“En ese trabajo permanente, que fue desarrollado durante seis meses, las personas privadas de la libertad manifestaron la falta de oportunidad para iniciar o continuar con sus estudios debido a la poca presencia de personal docente o a la inexistencia de convenios con entidades para la prestación de este servicio, así como la falta de respuesta de la Alcaldía de Jamundí. Es por eso que ahora dimos un paso trascendental, poner a su disposición el proyecto de formación y capacitación, que esperamos pueda ser replicado más adelante en otras penitenciarías del país”, explicó Carlos Camargo Assis.
Los casos de violencia de género en el Valle
La delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género ha atendido y acompañado 458 casos de violencia de género en el Valle del Cauca en lo corrido del 2023. Mediante la dupla de género, en el departamento ha registrado 253 hechos de violencia psicológica, 196 de violencia física, 132 de violencia sexual, 15 de violencia económica y 11 de violencia patrimonial.
Además, en el Valle han sido reportados tres casos de feminicidio y 30 de tentativa de feminicidio.