La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el permanente monitoreo y análisis de las demandas en contra del Estado, evidenció que desde febrero de 2022 el número de procesos en contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG aumentó exponencialmente, con un aumento del 390% en el número de procesos admitidos.
Al respecto, se indicó que de 12.389 procesos admitidos en 2021, con pretensiones totales de $374.000 millones de pesos, se pasó a 48.393 procesos admitidos en 2022, con pretensiones por $3.2 billones de pesos,
De igual manera, se explicó que este aumento significativo de la litigiosidad fue originado en gran parte, por las reclamaciones de los docentes oficiales quienes pretendían la sanción moratoria por no recibir la consignación de sus cesantías antes del 15 de febrero.
Por tal razón, la Agencia en coordinación con el Ministerio de Educación y el FOMAG, diseñaron una estrategia de defensa para enfrentar estas nuevas demandas, que conllevaron a que el Consejo de Estado decidiera unificar jurisprudencia.
En esta oportunidad, el Consejo de Estado consideró que es diferente el pago de las cesantías parciales (para vivienda y educación) y definitivas (por retiro del servicio), de la consignación en los términos de la Ley 50 de 1990, es decir antes del 15 de febrero de cada año.
En la sentencia, el Alto Tribunal reconoce que los recursos del FOMAG provienen de la Nación, Ministerio de Educación con cargo al Sistema General de Participaciones para el sector educativo, mediante transferencias mensuales, los cuales se integran en un solo fondo y no existen cuentas individuales para cada empleado en las cuales se pueda hacer una consignación.
Por tal razón, el Consejo de Estado sentenció que la sanción moratoria por no consignar las cesantías antes del 15 de febrero -numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990- no es compatible con el sistema especial de administración de cesantías del FOMAG y, en consecuencia, los docentes afiliados al Fondo no tienen derecho a ese reconocimiento.
Ahora, todos los casos activos en vía administrativa y judicial deberán resolverse conforme a esta sentencia de unificación, lo cual impacta de forma positiva aproximadamente a 51.068 procesos con pretensiones indexadas por $4.2 billones, según cifras con corte a 31 de agosto de 2023 del Sistema de Información Litigiosa EKOGUI.