A la doble jornada de reparación más grande de este año en Antioquia, que se convocó en Medellín, llegaron 1.107 víctimas del conflicto armado para ser indemnizadas por los múltiples delitos perpetrados por grupos guerrilleros, autodefensas y bandas criminales.
En esta oportunidad, la mayoría sufrieron el desarraigo y las pérdidas tras sufrir desplazamientos forzados. Y otros, porque sus familiares fueron asesinados, desaparecidos o ellos mismos sobrevivieron a secuestros, torturas, lesiones que causaron discapacidad y delitos sexuales.
Además, como reconocimiento a su resiliencia y compensación para superar la vulnerabilidad que causó la violencia participaron en un acto de dignificación en la capital antioqueña, donde la Unidad para las Víctimas les notificó el pago de las indemnizaciones administrativas.
Frente a centenares de víctimas citadas en el punto de atención de Belencito, la directora general de la entidad, Patricia Tobón Yagarí, entregó la primera de las 965 indemnizaciones y leyó la carta de dignificación para “reconocer su resiliencia” a una mujer desplazada.
En su intervención, la funcionaria señaló que durante septiembre y la primera semana de octubre, “la Unidad para las Víctimas coordinó más de 20 jornadas para indemnizar a 3.247 víctimas en Antioquia por casi 60.000 millones de pesos como medida de reparación individual”.
Al tiempo, destacó que Antioquia es el departamento con mayor registro de víctimas (1.555.382) y, en consecuencia, el más beneficiado con la inversión para su reparación.
“Este año llevamos más de 16.000 indemnizaciones entregadas a la población afectada por el conflicto armado, con una orientación a una inversión adecuada de estos dineros. La inversión asciende a casi 205.000 millones de pesos”, señaló la directora de la Unidad para las Víctimas.
Además, informó que fue presentada “una propuesta al Congreso para buscar nuevas fuentes de financiación para avanzar con la medida de indemnizaciones y reiteró que el Gobierno aumentó la meta en el Plan de Desarrollo para indemnizar a 600.000 víctimas durante el cuatrienio. La más alta en los 12 años de vigencia de la Ley 1448”.
En esta ocasión, se beneficiaron campesinos, indígenas, afrocolombianos, además de personas priorizadas por las rutas de reparación que sufrieron hechos victimizantes como homicidios y desaparición forzada de familiares, secuestros, lesiones personales, desplazamientos forzados y delitos sexuales. Ente ellos personas mayores de 68 años, con enfermedades catastróficas y discapacidades.
Igualmente, en la jornada participaron entidades como el Sena, Colpensiones, el Banco Agrario y la Alcaldía de Medellín, dando a conocer su oferta en temas de vivienda, educación superior, ahorro, pensiones y emprendimientos para la generación de ingresos