La ministra (e) de Agricultura, Aura María Duarte, y los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Justicia, Néstor Iván Osuna, radicaron ante la Secretaría General del Senado de la República los dos proyectos de ley que reglamentan el funcionamiento, las competencias, la estructura y la integración de la Jurisdicción Agraria y Rural, aprobada el 24 de julio y que salda la deuda del Estado colombiano con las comunidades campesinas y rurales.
“En este país, las resoluciones de conflictos históricamente se han resuelto a bala, y estos dos proyectos de acuerdo son la fórmula para que los desacuerdos se resuelvan de manera civilizada y pacífica, con la intervención del Estado a través de jueces imparciales, sabios y justos. Estos jueces resolverían en plazos breves cualquier litigio que surja en la vida rural”, sostuvo el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna.
Por su parte, Martha Carvajalino, viceministra de Desarrollo Rural, agregó que “hoy radicamos un proyecto de ley estatutaria que materializa la apuesta de la jurisdicción agraria y un proyecto de ley ordinaria. Ambos van a dar a cuenta de la presencia del Estado en los territorios para ayudar a resolver los conflictos que históricamente no han tenido un canal institucional y que no han permitido a Colombia ser potencia agroalimentaria”.
Al respecto, vale destacar que la Jurisdicción Agraria era uno de los puntos pendientes de implementar del Acuerdo de Paz. De allí que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas resaltó, en su más reciente informe, que celebraba la aprobación de esta instancia, así como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
Igualmente, el proyecto de ley ordinaria busca establecer el funcionamiento y las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural. Además, pretende implementar un procedimiento especial agrario diseñado para agilizar significativamente los procesos que ingresen a esta jurisdicción, con la expectativa de que el tiempo para resolver casos se reduzca a tan solo tres o cuatro meses, en contraste con el actual período de aproximadamente 10 años que se requiere para emitir un fallo.
Frente a las competencias, la ley estatutaria determinaría la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural. Además, modificaría la composición de la Rama Judicial para incluir la nueva Jurisdicción, asignando funciones específicas a magistrados y jueces para administrar justicia
La política que actualmente tiene el país no contempla las necesidades de las comunidades rurales. La actuación de la Jurisdicción Agraria y Rural del Gobierno estará guiada por principios destinados a superar las barreras de acceso a la justicia en las zonas rurales.
Estos principios incluyen la justicia social agraria, la protección de las partes más vulnerables en las relaciones agrarias, la promoción del bienestar y la calidad de vida, el reconocimiento de la propiedad agrícola familiar, entre otros.