El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñó la Política Nacional de Drogas 2023-2033: ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’. Sus objetivos incluyen para 2026, la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito, lo que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.
De igual manera, indicó el ministerio que de las 90.000 hectáreas, 69.000 se erradicarán voluntariamente, promoviendo transiciones hacia actividades legítimas; y 23.000 se eliminarán forzosamente en cultivos de alto rendimiento industrial. Esto tendrá un impacto significativo, estimado entre 55 y 86 billones de dólares en pérdidas para las finanzas ilícitas.
Así mismo, informó la cartera de justicia que esta política posibilitará que aproximadamente 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales.
Además, se establecen otros resultados con impactos positivos desde el punto de vista ambiental:
Reducción de 46 millones de kilogramos en las emisiones de CO2 asociados a la producción de cocaína.
Disminución del 3% de la deforestación anual, equivalente a 3.000 hectáreas de bosque/año.
Descenso en la contaminación por el uso de 37.640 litros de productos agroquímicos, 1.162 litros de fertilizantes y 55.342 litros de fungicidas asociados al cultivo y producción ilícita.
Igualmente, se señaló que por primera vez en la historia de Colombia, las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional.
Igualmente, la construcción se dio de abajo hacia arriba. Es decir, desde los saberes y vivencias de las personas de las zonas rurales y vulnerables que han sufrido los efectos de la guerra.
Para ello, se organizaron 27 espacios territoriales en 16 departamentos, cubriendo más de 150 municipios e involucrando a mujeres, jóvenes, pequeños cultivadores y consumidores.
Además, Se desarrollaron 61 mesas técnicas interinstitucionales y sesiones con aliados estratégicos. Además, se conformó la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento para la construcción de la política, la cual está compuesta por 11 entidades nacionales y voceros de 10 sectores de la sociedad civil.
En tal sentido, se explicó que esta nueva política antidrogas, Colombia busca cambiar hacia un paradigma centrado en la vida y el medio ambiente, priorizando la salud y el bienestar, sin descuidar la lucha contra el crimen. Esto se conseguirá con oxígeno para los pequeños cultivadores y asfixia para los narcotraficantes.
Finalmente, subrayó el ministerio, la Política Nacional de Drogas 2023-2033 reconoce que el mercado de drogas es un problema transnacional. Bajo el principio de responsabilidad compartida, todos los países deben abordar conjuntamente este flagelo, evitando que los costos recaigan principalmente en los productores y países de tránsito.
Colombia y México: Acuerdo sobre políticas de drogas, migración y cambio de deuda por acción climática
De otro lado, el presidente Petro formuló en su cuenta de X (antes Twitter), en el marco de la visita oficial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “configurar un gran acuerdo latinoamericano sobre política de drogas y política de migración y una propuesta de cambio de deuda por acción climática”
Cabe resaltar que el nuevo esquema de la política sobre drogas manifestado por el presidente Petro en su visita a México en noviembre de 2022, incluye conformar un grupo de trabajo bilateral para diseñar una hoja de ruta que permita configurar el nuevo enfoque de la estrategia global.
Los presidentes de Colombia y México clausuran la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas ‘Para la vida, la paz y el desarrollo’, que se adelanta en Cali y en la que participan delegaciones de 33 países del hemisferio incluidas organizaciones internacionales y no gubernamentales, expertos y miembros de la sociedad civil.
El encuentro, que comenzó el jueves 7 de septiembre, concluye con una propuesta para impulsar el nuevo modelo de lucha contra las drogas donde el ser humano, la protección el medio ambiente, el respeto por los derechos humanos y el bienestar de la población, sean la prioridad.