La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 031 por las graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en las poblaciones de Miranda, Corinto, Pradera y Florida.
En tal sentido, a través del Sistema de Alertas Temprana fueron presentadas 29 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para que tomen acciones, bajo una perspectiva de derechos humanos.
“Hemos emitido la Alerta Temprana de Inminencia 031 de 2023 por las graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca; y Pradera y Florida, en Valle del Cauca, porque tres grupos armados ilegales se disputan el control territorial y social, lo que ha puesto en riesgo a las comunidades”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis,
Al respecto, el documento detalla las acciones que han puesto en riesgo a la población civil, principalmente por los combates del ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, organización armada, liderada por ‘Iván Mordisco’, que por años ha mantenido el “control” de la zona.
“A los enfrentamientos y hostigamientos se suma que estos grupos armados adelantan acciones directas contra las comunidades, lo cual se refleja en el ataque indiscriminado contra civiles, atentados, homicidios selectivos y masacres”, aseguró Camargo Assis.
De igual manera, indicó que la Alerta establece que la población civil es sometida y obligada a “colaborar” mediante el uso de la violencia, amenazas e intimidaciones, que ejercen las estructuras ilegales contra las comunidades. Como ocurre en otros territorios, realizan reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Cabe señalar que Florida, Pradera, Miranda y Corinto forman parte de una subregión entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, zona que funciona como corredor estratégico para los grupos armados. Además, posibilita la conexión entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Tolima, con tránsito igualmente hacia Cali y su área metropolitana.
Además del incremento de la violencia, la Defensoría del Pueblo advierte que el riesgo recae contra líderes y defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades indígenas y campesinos, presidentes de Juntas de Acción Comunal, menores de edad y jóvenes, firmantes del Acuerdo de Paz en reincorporación, población estigmatizada socialmente y servidores públicos.
“Teniendo en cuenta el escenario de riesgo advertido en la Alerta y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, realizamos, con nuestro Sistema de Alertas Tempranas, 29 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para que tomen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, concluyó el Defensor del Pueblo.