El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, hizo un llamado a derrotar la corrupción si de verdad se quiere poner fin a la guerra, y condenó que las redes que se mueven en el Estado hayan tenido financiación de empresas privadas y públicas.
“La narración escalofriante que escuché hace unos minutos de un condenado por Justicia y Paz, alias “Macaco”, nos indica que ha habido corrupción en el Estado, dentro del poder judicial, de la fuerza pública, pero esa corrupción ha estado aupada por empresas, privadas y del Estado también. Si queremos ponerle fin a la guerra, tenemos que ponerle fin a la corrupción.”
Al intervenir en el ‘Primer Congreso Internacional Lucha Contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos’, organizado por la Policía Nacional y la Embajada de EE. UU.el ministro aseguró que en Colombia la lucha contra la corrupción es similar a la que se realiza por la supervivencia de la sociedad y las instituciones.
Igualmente, insistió en que la corrupción no conoce fronteras y para combatirla los gobiernos amigos deben formar un frente común en lo político, tecnológico y judicial.
“Que un emporio empresarial reconozca una responsabilidad en un país amigo tiene que hacer actuar a nuestras autoridades cuando esos hechos se cometieron al menos parcialmente en Colombia”.
Además, anunció que el Gobierno trabaja para lograr la aprobación e implementación de dos herramientas que han demostrado ser efectivas. “Una de ellas la estamos construyendo con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la Embajada de Estados Unidos para proteger a los denunciantes y cooperantes de la lucha contra la corrupción. Necesitamos que aquel que se atreve a denunciar tenga toda la protección del Estado. Historias de denunciantes asesinados no pueden seguir ocurriendo en Colombia si queremos tener éxito”.
Precisó que la segunda herramienta tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que Colombia está en deuda de implementar para ponerse al día con el ordenamiento jurídico internacional.
En la instalación del ‘Primer Congreso Internacional Lucha Contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos’ intervinieron el Presidente Gustavo Petro, el encargado de Negocios Ad Interim de la Embajada de Estados Unidos, Francisco Luis Palmieri; la directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia, y Sur América, Soraya Osorio, y la fiscal General de Ecuador, Diana Salazar Méndez.
“Los terceros civiles siguen en la política, siguen en la economía”
Entre tanto, el presidente, Gustavo Petro, manifestó que muchas de las personas vinculadas en 17 mil procesos contra terceros civiles que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha enviado a la Fiscalía General de la Nación para investigar, porque se han enriquecido con la muerte de los colombianos, siguen haciendo política, haciendo economía y el Estado no quiere juzgarlos.
“Juzgan a los militares por los falsos positivos; juzgan a los guerrilleros; juzgan a los paramilitares –allá salieron extraditados– y los terceros sobrevivieron, siguen haciendo política, siguen haciendo economía. Así no podemos destruir la corrupción en Colombia”, señaló el mandatario en su intervención ante los asistentes al Primer Congreso Internacional Lucha Contra la Corrupción y la Recuperación de sus Activos, que se realiza en Bogotá.
Igualmente, el mandatario preguntó, en su exposición, la razón por la cual a estas personas no quieren juzgarlos. “Porque ellos son los dueños del Estado. ¿Y entonces? Eso es lo que se llama un régimen de corrupción. Ese régimen de corrupción no se desbarata si no hay una transformación de la misma sociedad”.
Además, el Jefe de Estado explicó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, con la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, ha enviado a la Fiscalía General de la Nación más de 17 mil procesos contra terceros civiles.
“La Corte Constitucional sentenció que los terceros serán juzgados en la justicia ordinaria, es decir, investigados primero que todo por la Fiscalía. Ni en la JEP ni en Justicia y Paz (órgano de justicia transicional creado en el 2005 para juzgar a los miembros de grupos paramilitares que se acogieran a las autoridades colombianas), sino en la Fiscalía”, subrayó el mandatario.
El presidente Petro indicó que ese tipo de justicia transnacional “es un instrumento adecuado para combatir contra la organización transnacional del crimen”.