La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, realizó un recorrido por las obras de las calles 92 y 94, entre la carrera Séptima y la avenida NQS y, ante el incumplimiento del contratista, confirmó que el Distrito tomó posesión de las obras, y aplicará las sanciones respectivas.
Al respecto, se manifestó que esta decisión se adopta ante el vencimiento del plazo máximo de ejecución del proyecto, el pasado 14 de agosto de 2023, teniendo un avance del 24 %. Esta obra hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018, y tiene como alcance la construcción de andenes más amplios y adecuados para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, así como de 1,48 kilómetros de ciclorruta, que dan continuidad a la red de vías exclusivas para la movilidad sostenible en la ciudad, y 33.500 m2 de espacio público.
“Primero, caducamos los contratos, sancionamos a los contratistas e impusimos multas; segundo, estamos tomando posesión de las obras, con contratistas de la Alcaldía y vamos a terminar todo eso que los anteriores contratistas abrieron y no terminaron; y lo que no empezaron, se va a contratar el año entrante”, enfatizó la alcaldesa.
Así las cosas, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en colaboración con otras entidades del Distrito, establecieron un plan de acción para cerrar los frentes que se encuentran abiertos y, posterior a ello, evaluar la posibilidad de abrir un nuevo proceso de selección para que un nuevo contratista termine la obra por completo.
Este proyecto estaba siendo ejecutado por el Consorcio Vial IDU, conformado por las empresas Innovaconst S.A.S (20 %), Aicon S.A.S. (30 %), Ingesem S.A.S. (20 %), y Sain Espinosa Murcia (30 %). La interventoría estuvo a cargo de MAB Ingeniería de Valor S.A.
Además de anunciar esta posesión de obras, la Alcaldesa Mayor recordó que el Distrito radicó ante el Concejo de la ciudad un proyecto para reformar el Estatuto de Valoración, que incluye entre otras propuestas, que el Distrito devuelva el dinero que pagaron los ciudadanos si ellos deciden que no se realicen las obras planteadas. Esta reforma está en estudio en el cabildo distrital.
“Vamos a pedir al Concejo que se cambie ese Estatuto de Valorización, para que no haya ‘alcaldadas’ y le pregunten a la ciudadanía si quiere o no hacer esas obras. Segundo, esas obras las tienen que incluir o en el Plan de Ordenamiento Territorial, o en el Plan de Desarrollo, para que haya un debate abierto; y tercero, el Concejo sólo puede aprobar o incluir obras que tengan estudios y diseños definitivos”, enfatizó la alcaldesa López.
La mandataria de la capital explicó que las obras que se hacen por medio de este Estatuto de Valorización las decide el alcalde, con cálculos improvisados, sin estudios y diseños definitivos. Después eso va al Concejo, para que se autorice el cobro que al final pagan los contribuyentes. Con ese dinero se contratan los estudios y diseños, y después se evidencia que las obras cuestan más de lo que se presupuestó.
Además, sostuvo que “las obras de valorización han tenido dificultades porque hubo problemas como la pandemia, la inflación, se subieron los costos y algunos contratistas se quebraron. Pero lo estructural es que las obras de valorización en Bogotá tienen un estatuto desde 1987”.
Es importante resaltar que el (IDU) ya había tomado posesión de otras obras de valorización, como el Puente Peatonal de la calle 112 con carrera novena, y las Concesiones Transversales Peatonales en la localidad de Chapinero.
En estos casos, también se adelanta la definición de un plan de trabajo con otras entidades distritales y empresas de servicios públicos para concluir los tramos abiertos, y así poner en servicio el espacio público.
Estas acciones se toman ante el constante retraso en las obras, y tras agotar todas las medidas administrativas posibles para que el contratista concluya los proyectos.