La suspensión por tres meses del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, tiene enfrentados al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, debido a que el Jefe de Estado anunció que no acatará dicha decisión.
En tal sentido, se precisó que “en un documento enviado el pasado 25 de julio a la Procuraduría General de la Nación, el Jefe de Estado respondió a un requerimiento con el que se pedía suspender con tres meses al alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez. Al rechazar dicha solicitud, el Presidente Petro anunció su decisión de remitir el Concepto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte, la Procuradora Cabello Blanco cuestionó el hecho de que, en momento del proceso electoral, se esté dando vía a los funcionarios corruptos, electos popularmente y sancionados disciplinariamente, la posibilidad de aspirar y querer violar una decisión de la Corte Constitucional, al inscribirse para ser candidatos de corporaciones públicas.
Ante esta polémica, el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que sólo un juez tiene la facultad de privar de derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente y que dicha norma prevalece sobre la legislación interna.
“La comunicación que le envió el Presidente de la República a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ejerce, de oficio, control de convencionalidad, sobre una comunicación que, a su vez, ella le había remitido al Gobierno Nacional”, señaló el funcionario.
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, es obligación del Presidente aplicar en cualquier acto todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Convención Americana”, señaló.
Osuna, quien declaró desde la Casa de Nariño, recordó que dicha Convención establece que sólo, es mediante la decisión de un juez competente, en un proceso penal, como se puede privar de derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente.
“Dentro de esa normatividad, que es absolutamente clara y establece que la Convención Americana tiene primacía sobre el Derecho interno es como el Señor Presidente, Gustavo Petro, devuelve la solicitud a la Procuradora de suspender provisionalmente a un alcalde Distrital”, enfatizó.
“Colombia no es una isla, y leyes como las de la Convención Americana forman parte del derecho interno colombiano. La Procuraduría General tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana su atribución se constriñe a la vigilancia en los casos de los funcionarios elegidos popularmente”, puntualizó.
Caos institucional
Durante el Segundo Congreso Nacional de Compliance y Control del Fraude Organizacional, la Procuradora General advirtió que en Colombia todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, deben obedecer las decisiones de la Corte Constitucional, máximo órgano que determina la legalidad del estado de derecho en el país.
“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República que, desconociendo el estado social de derecho, quiere incumplir una orden constitucional, a pesar de que ya se determinó que, en Colombia la lucha contra la corrupción, no solo la ejerce un juez penal, sino también múltiples autoridades, porque este fenómeno sobrepasa los límites casi del mundo entero”.
“No es posible que en este momento electoral que vive nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados, tranquilamente, la posibilidad de inscribirse y ser candidatos, a pesar de su sanción y su inhabilitación. La democracia se respeta gústenos o no nos guste y mientras el estado de Derecho exista la Procuraduría seguirá actuando”, puntualizó Cabello Blanco.